El director del CICPC confirma la destitución fulminante de los agentes, captados en vídeo por los ciudadanos en el estado de La Guaira mientras se apropiaban de unos 10.000 dólares en plena labor de rescate
Cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) han sido detenidos en Venezuela tras ser acusados de apropiarse de «bienes económicos» ocultos entre los escombros de varios edificios derrumbados por los recientes terremotos. Los hechos, que fueron grabados por los propios ciudadanos, se desencadenaron en el edificio Vallarta de Playa Grande, situado en La Guaira, la región que ha sufrido el mayor impacto por los sismos. Las autoridades policiales han tramitado la expulsión irrevocable de los implicados, quienes serán puestos a disposición judicial de manera inmediata de acuerdo con los cauces legales.
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La intervención civil resultó clave para el esclarecimiento de los hechos. Varios residentes de la zona afectada afearon la conducta de los agentes y les plantaron cara de forma directa, llegando incluso a romper los billetes que custodiaba uno de los funcionarios policiales. Las imágenes difundidas muestran el momento en que un grupo de ciudadanos rodea a un efectivo del CICPC al grito de «¡Suéltalo, devuélvelo!» y «¡Suéltalo que lo vamos a romper!». El policía portaba una bolsa de plástico que contenía diversos billetes de 100 dólares, una suma que los propios vecinos del inmueble cifraron en unos 10.000 dólares y que consiguieron arrebatarle durante el altercado.
Tras la denuncia pública y la entrega del material audiovisual por parte de los testigos, la dirección general del CICPC actuó de oficio para depurar responsabilidades. El máximo responsable del cuerpo policial, Douglas Rico, condenó con firmeza la actuación de los investigados: «Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros», aseveró. Asimismo, el alto mando confirmó que se ha procedido a la «separación definitiva e irrevocable» de sus puestos de trabajo, al tiempo que se ha abierto una investigación disciplinaria interna para formalizar su destitución.
El suceso ha provocado una enérgica reacción en el seno del Ejecutivo venezolano. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores trasladó un mensaje de gratitud hacia la población civil por denunciar las irregularidades con «valentía y responsabilidad». Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó las acciones de los detenidos como actos «impúdicos, indecentes e inmorales», garantizando que los implicados recibirán el castigo penal que les corresponda por ley. Cabello remarcó que las autoridades mantendrán una postura de total intolerancia contra aquellos que utilicen el uniforme para cometer delitos contra la moral y las buenas costumbres, endureciendo el castigo cuando los hechos acontezcan en un contexto de grave conmoción social y dolor ajeno.
El panorama delictivo en las áreas devastadas por los terremotos ha suscitado también críticas en el ámbito político. La formación opositora Primero Justicia lamentó el «aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen», señalando que, en lugar de cumplir con su juramento de proteger la vida de la ciudadanía, se dedicaron a buscar fórmulas de enriquecimiento entre los restos de la tragedia.
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Este episodio no constituye un hecho aislado en las zonas damnificadas, donde la población ya ha denunciado con anterioridad saqueos de aparatos electrónicos y televisores en viviendas afectadas. De hecho, en un procedimiento previo vinculado a este tipo de prácticas delictivas, otros seis integrantes del CICPC adscritos a la Subdelegación de San José de Barlovento fueron arrestados bajo la acusación de sustraer diversos materiales en los hogares que habían resultado dañados por los temblores.
