El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantendrá sin variación alguna su posición sobre el gasto en defensa en la próxima cumbre anual de la OTAN, que se celebrará en Ankara (Turquía). Ante la presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump —quien se ha mostrado sumamente crítico y «decepcionado» con la contribución española—, el líder socialista ratificará que el plan de inversión actual es suficiente para cumplir con los compromisos de la Alianza Atlántica, priorizando el sostenimiento del presupuesto social frente a las exigencias multimillonarias de Washington.
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Sánchez viajará el próximo martes a la capital turca para asistir a la cita de líderes de la Alianza, cuyo anfitrión en esta ocasión será el presidente Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, el viaje presidencial está condicionado en el plano familiar por la situación judicial de la esposa del presidente, Begoña Gómez, quien se encuentra a la espera de una resolución del magistrado Juan Carlos Peinado. Al haberle sido retirado el pasaporte y prohibida la salida del territorio nacional como medidas cautelares en la causa donde se le acusa de cuatro delitos, Gómez ha tenido que solicitar un permiso extraordinario para poder viajar junto a su esposo y asistir a la agenda oficial organizada para los cónyuges de los mandatarios.
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La ruptura del consenso del 5% y el choque diplomático por Irán
La cita de Ankara, que se extenderá hasta el miércoles, se presenta de alta tensión. El eje central de las reuniones consistirá en analizar los mecanismos para alcanzar el ambicioso objetivo pactado el año pasado en la cumbre de La Haya: elevar el gasto militar de cada estado miembro hasta el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB). España fue el único país de los 32 socios que se desmarcó abiertamente de dicho acuerdo histórico. Sánchez sostiene con firmeza que alcanzar un 2,1% del PIB es una cuota más que suficiente para responder a los requerimientos operacionales de la Alianza.
Este desacuerdo en las cifras se ha visto seriamente agravado por un profundo cisma diplomático tras las recientes operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel en Irán. El Ejecutivo español se opuso de forma tajante a dicha intervención al considerarla contraria al derecho internacional. En consecuencia, el Palacio de la Moncloa prohibió explícitamente al ejército estadounidense utilizar las bases militares estratégicas de utilización conjunta situadas en suelo español, provocando una airada reacción en la Casa Blanca.
A finales de junio, durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump calificó directamente a España de «desastre» como socio y arremetió de igual forma contra potencias como Italia, Francia, Alemania o el Reino Unido por su falta de respaldo logístico: «España es terrible (…) No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis», lamentó el mandatario estadounidense. En sintonía con estas declaraciones, el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, ratificó esta semana que el malestar es profundo y que Trump está fuertemente «decepcionado».
Tranquilidad ante amenazas y cumplimiento del 2,1%
Pese a la escalada verbal y a la filtración de un correo electrónico del Pentágono donde se llegó a sopesar una hipotética suspensión de España dentro de la estructura de la OTAN, el Gobierno español ha restado trascendencia formal a las advertencias. Fuentes gubernamentales muestran «total tranquilidad» bajo el argumento de que el Tratado de la Alianza no contempla mecanismos jurídicos para la expulsión o suspensión de un miembro y defienden que el compromiso del país con la seguridad colectiva está fuera de toda duda. «No hay debate», zanjó tajante el propio Sánchez.
La hoja de ruta de la Moncloa pasa por demostrar que los deberes están hechos bajo sus propios términos. El secretario general del organismo, Mark Rutte, constató formalmente que España cumplió en 2025 el objetivo previo de destinar el 2% del PIB a las fuerzas armadas. Aunque Rutte reclama ahora que el mínimo se sitúe en el 3,5%, la delegación española acude a Ankara con el aval de estar impulsando este mismo año al menos 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM). Estos proyectos, centrados en defensa antiaérea y sistemas de misiles, conllevan una inversión inmediata de algo más de 1.400 millones de euros, integrados dentro del macro Plan Tecnológico y Estratégico de Defensa y Seguridad dotado con 10.471 millones de euros de inversión adicional. El Ejecutivo insiste en que España es un socio fiable, sustentado por el hecho de ser el séptimo contribuyente del total de los 32 países de la Alianza y por su participación activa en misiones internacionales.
El PP exige al Gobierno una «sola voz» ante la cumbre
En el escenario doméstico, la política exterior también genera fisuras. El Partido Popular (PP) ha exigido al Gobierno una “posición clara, común y coherente” ante los compromisos internacionales de España para evitar dar una imagen de división ante la Alianza. Con este objetivo, el principal partido de la oposición ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley que insta a mandar un “mensaje firme sobre el compromiso de España con la seguridad euroatlántica”.
El PP ha recordado a través de un comunicado los desacuerdos públicos en el seno de la coalición del Ejecutivo (donde uno de los socios aboga abiertamente por salir de la OTAN) y ha reprochado a Sánchez que en la última cumbre de La Haya firmase el compromiso de gastar el 5% del PIB para, «acto seguido, decir públicamente que no lo iba a cumplir». Asimismo, los populares piden que España ejerza un papel más activo y defienda con firmeza que el Flanco Sur (con foco en el Mediterráneo, el Sahel, el Magreb y Oriente Próximo) se convierta en una prioridad estratégica efectiva de la organización debido a su impacto directo sobre la seguridad nacional.
