El Partido Popular prepara una ofensiva jurídica contra el Gobierno por la negativa de varios ministros a comparecer ante el Senado para explicar su actuación durante la crisis migratoria y fronteriza de Ceuta. Los populares consideran que las ausencias suponen una vulneración de las funciones de control parlamentario y anuncian que llevarán el conflicto ante el Tribunal Constitucional.
Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles han sido citados por la Cámara Alta, donde el PP dispone de mayoría absoluta, después de los acontecimientos registrados en la frontera de Ceuta desde el pasado 30 de julio.
Grande-Marlaska y Albares no acudieron a las respectivas convocatorias y este martes está prevista la comparecencia de Margarita Robles. El PP anticipa que la titular de Defensa tampoco asistirá.
Desde Génova aseguran que están dispuestos a llevar la disputa institucional hasta sus últimas consecuencias y preparan un recurso ante el Constitucional por lo que califican como una situación de «insumisión parlamentaria».
El PP invoca el artículo 110 de la Constitución
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha recordado el contenido del artículo 110 de la Constitución española, que establece que las Cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
Para los populares, la decisión de los ministros de no acudir a las citaciones supone impedir que el Senado ejerza plenamente su función de control al Ejecutivo.
José Antonio Monago, senador del PP, también anunció posibles acciones legales después de que la silla reservada para Albares quedara vacía durante la sesión celebrada este lunes.
La ausencia del ministro no impidió que la comisión siguiera adelante. Durante la sesión, representantes del PP, Vox y Junts criticaron la decisión del Ejecutivo y reclamaron explicaciones sobre la gestión de la crisis de Ceuta.
El Gobierno prioriza las comparecencias en el Congreso
El Ejecutivo mantiene una posición diferente. Moncloa ha decidido que los ministros expliquen su actuación en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno ha solicitado comparecencias a petición propia después de las reclamaciones realizadas por la oposición.
Estas intervenciones están previstas para la última semana de agosto.
La diferencia de criterios abre así un nuevo frente entre el Gobierno y el PP sobre las competencias de control de ambas cámaras y sobre la obligación de los ministros de atender las citaciones realizadas desde el Senado.
El eventual recurso ante el Tribunal Constitucional podría convertir la controversia política en un conflicto institucional sobre el alcance de las facultades de la Cámara Alta para exigir la presencia de miembros del Ejecutivo.
Nueva ofensiva del PP en el Congreso
Paralelamente a las citaciones en el Senado, el Partido Popular ha trasladado también su presión al Congreso.
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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció una iniciativa en la Comisión de Seguridad Nacional para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma directamente la coordinación de la respuesta a la situación de Ceuta.
El PP reclama la creación de un «mando único» y acusa al Ejecutivo de falta de coordinación entre los diferentes ministerios implicados.
Los populares también exigen aumentar los efectivos policiales y militares destinados a garantizar la seguridad y reforzar la frontera, además de incrementar el número de funcionarios de Extranjería encargados de tramitar los procedimientos correspondientes.
La crisis de Ceuta eleva la tensión política
La disputa parlamentaria se produce casi tres semanas después de la entrada masiva registrada desde territorio marroquí a finales de julio, una crisis que ha provocado un intenso enfrentamiento entre el Gobierno central, la oposición y las autoridades de Ceuta sobre la respuesta adoptada.
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha reclamado reiteradamente una mayor coordinación estatal y más recursos para afrontar las consecuencias de la crisis.
Ahora, además de las diferencias sobre inmigración, seguridad fronteriza y gestión de los recursos, se abre una nueva batalla institucional entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición.
El PP sostiene que los ministros están obligados a responder ante el Senado cuando sean formalmente requeridos y prepara su recurso ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno, mientras tanto, mantiene sus comparecencias ante el Congreso para finales de agosto.
