MADRID.— El rey Felipe VI preside este jueves el acto solemne de apertura del año judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en un ambiente marcado por la fuerte marejada política y la tirantez entre el Poder Judicial y el Gobierno de España. Al encuentro acuden las principales autoridades del Estado, encabezadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura y líderes de la oposición como Alberto Núñez Feijóo.
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El arranque del curso judicial coincide con un nuevo pico de fricción motivado por las recientes resoluciones del Supremo sobre el censo electoral derivado de la ley de nietos y las investigaciones judiciales sobre la crisis migratoria de Ceuta.
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Los focos de fricción entre el Ejecutivo y los tribunales
El acto institucional estará condicionado por varios frentes abiertos que han intensificado el cruce de reproches institucionales:
- Suspensión de altas en el censo electoral: La decisión del Tribunal Supremo de suspender temporalmente las altas censales vinculadas a la ley de nietos ha provocado la dura reacción del Gobierno, que ha arremetido en bloque contra el fallo de los magistrados.
- Tensión por las investigaciones en Ceuta: El intercambio de cartas entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló —quien reclamó respeto a la independencia de las resoluciones judiciales—, ha profundizado la brecha institucional en relación con la gestión del episodio migratorio.
- Examen a los discursos institucionales: Todas las miradas están puestas en las intervenciones de la presidenta del Tribunal Supremo y de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Esta última afronta el malestar de un sector de la judicatura no solo por su respaldo a su antecesor, Álvaro García Ortiz, sino también por el documento remitido a Bruselas con objeciones a la causa judicial que terminó en condena para el antiguo jefe del Ministerio Público.
