La crisis de la vivienda es un problema que afecta a muchas grandes ciudades europeas, y cada una ha adoptado diferentes enfoques para intentar solucionarlo. Viena, por ejemplo, es considerada un referente en Europa debido a su modelo de vivienda pública, que lleva más de un siglo en funcionamiento. La ciudad cuenta con unas 220.000 viviendas municipales y 200.000 cooperativas, lo que la convierte en la urbe con mayor peso de vivienda pública en el continente.
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Ámsterdam, una de las ciudades más caras de Europa, ha implementado desde hace casi una década la regla del 40-40-20. Este modelo destina un 40% de las nuevas viviendas al alquiler social, otro 40% a alquileres de precio medio y el 20% restante al mercado libre. Además, la ciudad ha introducido medidas para frenar la especulación, como la obligación de que los propietarios vivan en sus nuevas casas o la prohibición de comprar ciertos pisos para alquilarlos.
Berlín ha optado por medidas más radicales, como la propuesta de expropiación de viviendas en manos de grandes fondos de inversión, impulsada por el partido La Izquierda, Die Linke. Aunque el referéndum de 2021 sobre esta medida fue consultivo, ha mantenido el debate sobre la vivienda como una prioridad política. El Gobierno federal también ha acelerado la aprobación de leyes para regular estas prácticas.
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Londres ha introducido la ley Renters’ Rights Act, que elimina los desalojos sin motivo justificado y convierte la mayoría de los contratos privados en alquileres continuos. Además, programas como London Living Rent ajustan los alquileres a los sueldos locales, ofreciendo precios más asequibles en comparación con el mercado libre.
En Copenhague, el enfoque se centra en la construcción de viviendas asequibles y la aplicación del modelo Housing First, que prioriza el acceso a la vivienda como un derecho fundamental. El sistema danés fomenta la construcción y conservación de viviendas sociales para evitar que el acceso a un hogar dependa únicamente del mercado privado.
Por último, París ha implementado desde 2019 un sistema que fija límites a los alquileres privados en función de la zona y las características de la vivienda. Esta medida busca complementar otras políticas de vivienda para aliviar la presión entre la oferta y la demanda en la capital francesa.
