Ricardo, de 68 años y con una pensión de 450 euros, cuenta con una orden de lanzamiento a su favor programada para el 30 de noviembre en Arona, pero advierte de que la norma del Ejecutivo sobre vulnerabilidad social puede frenar la recuperación de su única propiedad.
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ARONA (TENERIFE) — La aprobación del nuevo decreto de vivienda por parte del Gobierno central ha generado una honda incertidumbre en la situación de Ricardo, un jubilado de 68 años del municipio tinerfeño de Arona que acumula más de tres años pernoctando en una furgoneta. A pesar de contar con un fallo judicial a su favor que fija el lanzamiento de sus inquilinos morosos para el próximo 30 de noviembre, el afectado teme que la normativa paralice el procedimiento al amparo de las medidas de protección de vulnerabilidad habitacional.
La historia de Ricardo se remonta a septiembre de 2022, cuando formalizó un contrato verbal de arrendamiento por un importe de 600 euros mensuales, con gastos de luz y agua incluidos. Un año después, tras divorciarse y pasar al retiro profesional de la construcción con un grado de discapacidad del 60 % y una pensión de 450 euros, solicitó a los inquilinos la devolución del inmueble para fijar en él su residencia habitual. Lejos de abandonar la vivienda, los ocupantes dejaron de abonar las rentas a finales de 2023, acumulando a la fecha una deuda estimada en 23.000 euros por impagos e IPC.
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Sentencia a favor tras años en precario
Ante la negativa a desalojar el piso y sin alternativas de alojamiento por parte de los Servicios Sociales —que certificaron su situación de vulnerabilidad económico-social—, Ricardo emprendió acciones judiciales con el apoyo de un letrado de oficio. Tras ganar un juicio verbal en el Juzgado de Arona en 2025 y obtener la ratificación del Tribunal Superior de Justicia en julio de 2026, la justicia fijó la fecha de lanzamiento para finales de este mes de noviembre.
Sin embargo, el afectado y su representación legal analizan con preocupación el impacto de la reciente norma gubernamental, la cual faculta a los tribunales a suspender la ejecución de desahucios si los juzgados o la administración determinan que los ocupantes se encuentran en situación de vulnerabilidad social y carecen de alternativa habitacional.
La controversia por la acreditación de ingresos
El temor del propietario radica en que los residentes —una pareja que, según denuncia, no declara ingresos oficiales ni tributa formalmente— puedan acogerse a los criterios de vulnerabilidad para frenar la orden judicial de desalojo. Ricardo señala además que el inquilino ejerce actividades de mecánica informal en la misma vía pública, un hecho que ha sido denunciado ante las autoridades locales.
«Tengo mucha impotencia. No soy un gran tenedor, es mi única vivienda y los Servicios Sociales me dicen que no tienen opciones para que pueda vivir dignamente», lamenta el jubilado, quien advierte del desamparo que sufren los pequeños propietarios en situación de precariedad frente al régimen normativo actual.
