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UGT ha denunciado a Idealista y Fotocasa ante la Dirección General de Consumo por «presuntas prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa e incumplimiento de la normativa de información al consumidor» en los anuncios de viviendas catalogadas como ocupadas. El sindicato afirma que los portales mezclan situaciones jurídicas muy distintas bajo una misma etiqueta.
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El sindicato sostiene que ha realizado un «exhaustivo muestreo» de los anuncios publicados en ambas plataformas. Según UGT, los portales crean, clasifican y promocionan filtros y categorías como «ocupadas», «ocupadas ilegalmente», «sin posesión» o «no visitables», y agrupan en una misma etiqueta comercial «situaciones jurídicas completamente distintas».
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Lo que denuncia UGT
- Etiquetas contradictorias: algunas viviendas aparecen en hasta tres categorías a la vez: «ocupadas ilegalmente», «alquiladas con inquilinos» o «nuda propiedad».
- Casos mal clasificados: según el sindicato, muchas viviendas con alquileres vigentes, de personas mayores con usufructo vitalicio o con procedimientos de ejecución hipotecaria se etiquetan como «ocupadas ilegalmente».
- Lenguaje comercial: bajo la pestaña «ocupadas ilegalmente», los inmuebles se ofrecen como «oportunidad para inversores» o «casas con bichos».
- Datos inexactos: UGT afirma haber encontrado anuncios con superficie, número de habitaciones, planta o ubicación inexactos o no verificados, y en algunos casos con imágenes que no corresponden a la vivienda real.
«Estigmatiza» a familias vulnerables
Para UGT, presentar como «okupas» a inquilinos o a personas en conflicto judicial «no solo es jurídicamente falso e induce a error al comprador», sino que «estigmatiza» a familias trabajadoras y vulnerables, a las que se sitúa «en una posición de delincuencia y persecución social» cuando, según el sindicato, cumplen su parte del contrato y ejercen derechos que les permiten permanecer legalmente en la vivienda.
Qué pide a Consumo
En su denuncia, el sindicato solicita:
- La apertura «inmediata» de diligencias previas de investigación a ambas empresas.
- Que se les requieran los criterios técnicos y la documentación que exigen a los anunciantes antes de catalogar un inmueble como «ocupado».
- Que se trasladen las actuaciones a la CNMC y a las autoridades de supervisión del reglamento europeo.
- Que se adopten medidas sancionadoras que corrijan estas conductas.
«Impacto social» según UGT
El sindicato advierte del impacto social de estas prácticas y sostiene que este tipo de anuncios buscan «fomentar un discurso que justifique la acción posterior, que no es otra que expulsar al inquilino de su hogar para vender el inmueble». Considera que ambas plataformas son «responsables de fomentar este discurso» y que, «con su aparente neutralidad», no muestran sensibilidad hacia las personas a las que, según UGT, estigmatizan como okupas.
