El Tribunal Supremo ha desestimado las pretensiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía y ha confirmado en 39.009 euros la cuantía de las costas procesales que deberá abonar el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en concepto de los honorarios de la defensa de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
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Rechazo a los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha zanjado la controversia en torno a la tasación de costas derivada del procedimiento judicial, rechazando los argumentos que calificaban dicha cantidad como «excesiva». De este modo, el tribunal respalda la cifra ya fijada previamente y valida formalmente la minuta correspondiente a los servicios jurídicos de la acusación particular ejercida por el entorno de la mandataria autonómica.
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Un nuevo episodio judicial en el horizonte del exfiscal
Esta resolución ratifica el desglose económico que recae sobre García Ortiz tras el procedimiento penal, cerrando un nuevo flanco dentro de la causa judicial que motivó su salida de la jefatura del Ministerio Fiscal. La decisión judicial rechaza rebajar los emolumentos reclamados por la representación legal de la defensa, consolidando la cuantía definitiva que el ex alto cargo deberá afrontar por los costes del proceso.
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