El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, ha puesto en marcha este jueves una campaña informativa multilingüe destinada a explicar a las personas migrantes en situación administrativa irregular los cauces para acceder a la asistencia sanitaria pública. La iniciativa institucional llega con ocho meses de retraso respecto a la aprobación del Real Decreto 180/2026, que simplificó los requisitos de acceso, y coincide con la recta final del mandato de la ministra en el Ejecutivo central, de cara a su repliegue hacia la política autonómica madrileña para los comicios de 2027.
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La campaña de difusión incluye soportes traducidos a las lenguas cooficiales y a idiomas como el inglés, francés, árabe, chino y rumano. En ellos se detalla que el empadronamiento se mantiene como la vía prioritaria para acreditar la residencia en España, aunque se aceptan documentos alternativos como informes de servicios sociales, certificados de escolarización o facturas de suministros básicos. El procedimiento permite que, con la simple presentación de una solicitud y una declaración responsable, el usuario obtenga un documento provisional que le otorga cobertura médica inmediata a la espera de la resolución definitiva.
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Ausencia de estimaciones sobre costes y volumen de nuevos usuarios
A pesar de la envergadura de la medida, el departamento de Mónica García sigue sin ofrecer una evaluación oficial sobre el impacto asistencial y económico que la ampliación de la cobertura sanitaria tendrá sobre los sistemas autonómicos de salud. Ya en el momento de la tramitación del decreto el pasado mes de marzo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, reconoció la falta de cálculos precisos, supeditando las estimaciones a la finalización del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, que cerró el pasado 30 de junio con cerca de 1,2 millones de solicitudes.
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Sin embargo, tras completarse dicho proceso, Sanidad no ha hecho públicos datos concretos sobre cuántas personas permanecen fuera del circuito legal, el volumen de expedientes resueltos ni el incremento real de tarjetas sanitarias emitidas desde la primavera. Esta indefinición ha sido reiteradamente criticada por diversos sectores autonómicos, que advierten sobre la presión añadida en la gestión de recursos de la sanidad pública sin una dotación presupuestaria estatal específica que compense el aumento de la demanda.
Medidas estrella en el tramo final de la legislatura
La campaña sanitaria se enmarca en la estrategia de la ministra por blindar sus propuestas de perfil más ideológico ante la inminencia de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, a cuya concurrencia en las listas del Frente Amplio ha renunciado. En este epílogo de su gestión al frente del departamento, García busca consolidar iniciativas clave como la supresión de los periodos obligatorios de reflexión y la información de alternativas en los protocolos de interrupción voluntaria del embarazo, o la plena efectividad de la sanidad universal sin trabas administrativas.
No obstante, la norma mantiene abiertos flecos normativos relevantes, como la disposición transitoria que exige un mínimo de dos años de residencia efectiva en el territorio nacional para poder acceder a las listas de espera de trasplantes, una limitación supeditada a un desarrollo ministerial que continúa pendiente de tramitación.
