El Tribunal Supremo ha fijado una relevante doctrina jurisprudencial al establecer que el corte de suministros básicos como luz, agua o gas por parte del propietario a un ocupante ilegal que carece por completo de título habilitante no constituye un delito penal de coacciones. La Sentencia 426/2026 de la Sala de lo Penal aclara la demarcación del artículo 172 del Código Penal, determinando que no se puede obligar a un propietario a financiar de forma indefinida los servicios esenciales de quien ha accedido a su inmueble de forma ilegítima mediante usurpación o allanamiento.
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El fallo del Alto Tribunal parte de la resolución de un caso originado en Vigo, donde se confirmó la condena de nueve meses de prisión por violencia de género y coacciones a un hombre que dio de baja el suministro eléctrico de la vivienda familiar tras un proceso de separación. En la sentencia, los magistrados diferencian de manera tajante la coacción ejercida contra un poseedor legítimo —como el cónyuge tras la ruptura matrimonial— de las acciones emprendidas por el titular frente a quienes permanecen en la propiedad sin ningún tipo de potestad, contrato o derecho posesorio.
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Inexistencia de delito cuando la ocupación carece de título habilitante
La doctrina judicial subraya que la clave jurídica reside en la tenencia o falta absoluta de acreditación legal por parte del habitante. El Tribunal Supremo sostiene en su resolución que «nadie está obligado a convertirse en gerente económico» de quien usurpa su patrimonio sin derecho, librando de responsabilidad penal al dueño que suspenda los contratos con las compañías abastecedoras o impague los recibos generados por ocupantes ilegítimos.
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No obstante, el dictamen judicial advierte de que las bajas o cortes no pueden ejecutarse de manera automática sin una verificación legal previa. Para evitar incurrir en el tipo penal de coacciones, el propietario debe poder demostrar de forma fehaciente que la persona que ocupa la finca carece de toda cobertura contractual o autorización previa.
Exclusión expresa de los «inquiokupas» y situaciones en disputa
El posicionamiento del Supremo matiza de forma estricta sus supuestos de aplicación, excluyendo formalmente del paraguas protector a los casos de inquilinos morosos o «inquiokupas». Al haber existido un contrato de arrendamiento o título inicial que justificó la entrada legal en el inmueble, la interrupción unilateral de los suministros por parte del arrendador mantiene un elevado riesgo de persecución penal.
De igual forma, la resolución deja fuera de este amparo a los cónyuges en proceso de divorcio, a los precaristas consentidos —como familiares acogidos— o a aquellos supuestos donde el ocupante exhiba documentos cuya validez esté sometida a controversia judicial. En estos casos complejos, el Alto Tribunal requiere acreditar formalmente la invalidez del título en sede civil antes de que el titular pueda interrumpir los servicios del inmueble sin consecuencias penales.
