La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una intervención este jueves en el Ministerio de Igualdad para recabar documentación relacionada con un presunto fraude en la adquisición de pulseras antimaltrato. La operación está dirigida por la Fiscalía Europea, que ha identificado un uso irregular de fondos europeos destinados a la compra de estos dispositivos telemáticos.
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Los agentes de la UCO también han accedido al Tribunal de Cuentas, que recientemente publicó un informe señalando graves deficiencias en la adquisición de las pulseras por parte del Ministerio de Igualdad, con un coste superior a los 100 millones de euros.
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Problemas técnicos y fallos en las pulseras
El problema con las pulseras antimaltrato fue inicialmente revelado en septiembre de 2025, cuando se detectaron fallos que llevaron a sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas. Durante el mandato de Irene Montero como ministra, se perdieron todos los datos de las órdenes de alejamiento por maltrato.
La Fiscalía Europea ha comunicado que las medidas adoptadas se enmarcan en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas en delitos de violencia de género.
Impacto en la protección de las víctimas
El cambio de proveedor en el sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento, realizado por el Ministerio de Igualdad, ha generado un vacío informativo que compromete los procesos judiciales contra maltratadores. Desde el 20 de marzo de 2024, el centro de control Cometa no puede proporcionar información anterior a esa fecha, lo que implica la pérdida de pruebas necesarias para acusaciones por quebrantamiento de medidas de alejamiento.
Los dispositivos actuales, valorados en menos de 150 euros y adquiridos en plataformas de bajo coste como AliExpress, presentan una calidad deficiente que permite a los maltratadores quitárselas y falsear su ubicación. El sistema gestiona actualmente unos 5.000 dispositivos activos para 100.000 casos de violencia de género en seguimiento activo, de los cuales 60.000 requieren protección policial.
Medidas y auditorías en curso
En febrero de 2025, el Ministerio de Igualdad reconoció la necesidad de mejorar la vigilancia electrónica para la protección de las víctimas de violencia de género, pero no tomó medidas hasta que se destapó el escándalo. Aunque la ministra Ana Redondo negó inicialmente los fallos, el Gobierno multó a la concesionaria Vodafone con 25.285 euros y posteriormente gastó 71 millones de euros para corregir los errores.
A pesar de que ha pasado más de un año desde que se revelaron los fallos, la auditoría interna del Gobierno sobre las pulseras antimaltrato aún no ha concluido. El Ejecutivo ha reconocido que se ha realizado una auditoría externa e independiente, pero falta la auditoría del Ministerio de Igualdad.
