El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo su escrito de defensa en el procedimiento judicial que investiga la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19. En el documento, Ábalos solicita su absolución y pide que declaren como testigos los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
El escrito está firmado por el ex fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, del despacho Chabaneix, aunque el letrado ha renunciado este mismo miércoles a continuar con la defensa del ex dirigente socialista por discrepancias de carácter económico.
Te interesa
En su argumentación, Ábalos defiende su inocencia y niega haber ejercido cualquier tipo de influencia para favorecer la contratación de la empresa Soluciones de Gestión en distintas administraciones públicas. En este sentido, solicita que el ministro del Interior explique en el juicio el proceso de adquisición de material sanitario en su departamento, mientras que Torres y Armengol sean interrogados sobre las compras realizadas en Canarias y Baleares, respectivamente.
El ex secretario de Organización del PSOE sostiene que la citada empresa únicamente contrató con Adif y Puertos del Estado, ambos dependientes del Ministerio de Transportes, y rechaza que interviniera en decisiones adoptadas por otros ministerios o gobiernos autonómicos. También subraya que otras administraciones gobernadas entonces por el PSOE no contrataron con la mercantil vinculada a Víctor de Aldama.
Asimismo, Ábalos niega formar parte de una organización criminal junto a su ex asesor Koldo García, rechaza ser el supuesto superior jerárquico del empresario Víctor de Aldama y asegura no haber participado en ningún plan para adjudicar contratos públicos a cambio de comisiones. También desmiente haber percibido pagos semanales de 10.000 euros.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente atribuye al ex ministro los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 24 años de prisión para Ábalos en esta primera pieza del denominado caso Koldo.
