En marzo de 2020 se aprobaba el primer texto del anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual, dos años del primer documento que pretendía erradicar todas las violencias sexuales y establecer que “cualquier acto sexual sin consentimiento se considera violencia sexual”. Dos años más tarde, la tramitación de la “Ley de solo sí es sí” se convertía en un gran reto: no por eliminación de la distinción entre abuso y violación o la introducción del consentimiento en el delito sexual, sino por los artículos relativos a la prostitución, aunque finalmente, el texto fue aprobado por la Comisión de Igualdad tras la retirada de la enmienda del PSOE. Hoy jueves, tras sobrepasar disputas, incluir el consejo de las expertas y modificar parte de su contenido, la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual ha afrontado con éxito su último trámite en el Congreso antes de ser enviada al Senado
La ministra de Igualdad, Irene Montero ha destacado en su intervención que se trata de cambiar la cultura para comprender de otro modo las violencias sexuales. Acabar con la cultura de la violación, con la cultura del terror y enfatizar la libertad sexual de las mujeres.
«Hoy el movimiento feminista vuelve a hacer historia, se lo debíamos a cada una de las víctimas, nos lo debíamos a nosotras mismas y seguramente sea uno de los derechos más importantes que podemos dejarles a nuestras hijas en el presente y en el futuro», ha defendido la ministra de Igualdad en el Pleno. El proyecto ha sido aprobado con 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones y ahora se dirige hacia el Senado.
En la norma que hoy ha llegado al Congreso se han incluido algunas medidas nuevas que no figuraban en el texto inicial. Entre ellas, se encuentra la reforma de la Ley General de Publicidad para declarar ilícitos los anuncios que “supongan promoción de la prostitución”.
También propone en una disposición final que regula la responsabilidad penal de los menores para que, en todas las sentencias por delitos relativos a la libertad sexual, sea obligatoria la medida accesoria de someterse a programas formativos sobre educación sexual y educación en igualdad. Se trata de una enmienda que ha surgido tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. El objetivo es reforzar la respuesta ante los casos de agresión sexual cometidos por menores de edad y reforzar la Ley penal del menor para evitar que el comportamiento machista y violento se siga repitiendo en estos adolescentes o jóvenes.
Además, recoge que en las decisiones judiciales sobre suspensión de las medidas, esto condicione al cumplimiento de la medida accesoria de educación sexual y educación en igualdad. Además, establece que en los casos de delitos contra la libertad sexual o de delitos relacionados con la violencia de género, el acto de conciliación entre víctimas y responsables del delito esté condicionado a que la víctima lo solicite de forma expresa.
