El ministro Escrivá ha subrayado que «elimina la incertidumbre de los pensionistas y mejora el sistema para las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables, los trabajadores con carreras irregulares o los jóvenes»
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El Congreso de los Diputados ha convalidado, con 179 votos a favor, el Real Decreto-ley 2/2023, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Además, el Congreso también ha aprobado su tramitación como Proyecto de Ley. Esta norma culmina el proceso de modernización del sistema de pensiones, iniciado en 2021, tras la aprobación de las recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020.
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Durante su discurso, el ministro ha subrayado que «el proceso de modernización del sistema que culmina hoy permite mejorarlo para una gran mayoría social», ya que «elimina la incertidumbre de los pensionistas presentes y futuros y, además, pone el foco en mejorar las condiciones de algunos colectivos, como las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables, los trabajadores con carreras irregulares o los jóvenes».
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Esta norma contiene diversas medidas que completan la reforma del año 2011, blindando la revalorización de las pensiones presentes y futuras. Entre las medidas que incluye está la puesta en marcha de un nuevo marco de revalorización, por encima del IPC, de las pensiones mínimas y no contributivas hasta 2027 y una subida del 10%, adicional a la inflación del complemento para reducir la brecha de género.
En el plano de la equidad, el Real Decreto-ley contiene medidas de calado, como la puesta en marcha de un régimen dual del periodo de cómputo para los próximos 20 años, por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen la más beneficiosa de estas posibilidades: los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses (2 años) peores; y el periodo de cómputo actual (25 últimos años). La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026. Esto beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares. Además, se incluyen mejoras en el tratamiento de las lagunas de cotización de las mujeres trabajadoras.
Además, para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros, se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social con distintas medidas. En primer lugar, con el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas. En segundo lugar, con la creación de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que queden por encima de la base máxima. Y también se refuerza el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que a partir de 2024 crecerá una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029. Este mecanismo sustituye al Factor de Sostenibilidad que estableció la reforma de 2013 y que suponía un importante recorte de la pensión inicial, especialmente de los más jóvenes.
Finalmente, se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación. Se trata de las prácticas realizadas por alumnos universitarios, tanto las dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, como las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto. También se incluyen las realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que las mismas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva. A las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes se les aplicará una reducción del 95%.
