MADRID.– En medio de una de las semanas más complejas en el plano judicial para el partido, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se ha reunido con un objetivo claro: encapsular el ruido exterior y evitar el debate interno. Durante el encuentro de la dirección socialista no ha habido referencias explícitas a la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ni a las últimas revelaciones sobre el denominado ‘caso Leire’, la supuesta trama vinculada a Leire Díez y al secretario de Organización, Santos Cerdán.
En su lugar, la dirección del PSOE ha optado por un movimiento de repliegue estratégico, aprobando una directriz interna que obligará a todos los miembros de la dirección federal y de las estructuras territoriales a declarar y comunicar de forma estricta cualquier incremento en su patrimonio.
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Silencio interno ante el «calvario judicial»
A pesar de la creciente inquietud que admiten en privado diversos sectores del partido —donde algunos dirigentes llegaron a reprochar los últimos acontecimientos advirtiendo de que el expresidente «nos está arrastrando con él»—, la reunión oficial transcurrió sin que nadie tomara la palabra para exigir explicaciones o abrir un debate político de fondo.
La cúpula socialista intenta de este modo ganar tiempo y blindar al Gobierno de Pedro Sánchez frente a la ofensiva de la oposición, que califica la situación actual de «calvario judicial». En los últimos días, el panorama penal se ha agravado tras la imputación de Zapatero por presunto contrabando y delito fiscal (tras el hallazgo en su despacho de joyas valoradas en 1,3 millones de euros), cargos que se suman a la investigación previa por presunto tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El expresidente ha solicitado formalmente el aplazamiento de su declaración ante la Audiencia Nacional.
Control de daños sobre el ‘caso Leire’
De forma paralela, Ferraz mantiene la estrategia de circunscribir las responsabilidades del ‘caso Leire’ —referente a una presunta trama para desprestigiar a jueces e instituciones del Estado— a la figura de Santos Cerdán (quien, según informes de la UCO, habría autorizado gastos de viaje para Díez) y a la propia Leire Díez, a quien la secretaria de Organización, Rebeca Torró, calificó recientemente de «oportunista y resentida». Desde el partido insisten en desvincular institucionalmente las siglas de estas conductas y aseguran que no existe ninguna relación contractual directa con Díez.
Nuevas exigencias de control patrimonial
Para contrarrestar el impacto de estas investigaciones, el PSOE busca pasar a la ofensiva en materia de regeneración interna mediante la implantación de este nuevo control patrimonial a sus dirigentes. Aunque la formación ya contaba con mecanismos de fiscalización de bienes, la nueva medida busca extremar la vigilancia sobre la evolución de las finanzas personales de los cuadros directivos tanto a nivel nacional como autonómico, intentando lanzar un mensaje de transparencia en un momento en el que el foco mediático está firmemente asentado sobre los despachos de Ferraz.
