Más de 570 personas del ámbito de la ciencia de toda España han firmado un manifiesto en el que piden a las administraciones un compromiso para acelerar las políticas para mitigar la crisis climática
La Sala Tercera del Tribunal Supremo se reúne mañana para la votación y fallo del primer litigio climático contra el Estado de la historia de España. Esta sentencia podría suponer un cambio de paradigma en la manera en la que el Estado afronta su obligación de mitigar el cambio climático en nuestro país. En concreto, un fallo a favor de la demanda podría obligar al Estado a incrementar el objetivo de reducción de emisiones para 2030: del actual 23% contemplado en el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) con respecto a 1990, hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes, sobre la base de los informes del IPCC y el Acuerdo de París, para no sobrepasar el 1,5ºC de calentamiento de la temperatura media del planeta.
Según Jaime Doreste, abogado de las organizaciones demandantes: «Una sentencia estimatoria del Juicio por el Clima será no sólo un éxito en la lucha judicial contra el cambio climático, sino que también sentará un enorme hito en el derecho español con respecto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguarda del patrimonio natural y la calidad ambiental, y el deber de cuidado y garantía de los derechos humanos».
La comunidad científica se moviliza para que las administraciones aborden la crisis climática
Los impactos de la crisis climática se han ido intensificando en forma de inundaciones, olas de calor y sequías que provocan incendios devastadores (que causan aún más estrés hídrico), que ponen en riesgo la salud del planeta y de las personas. Se calcula que el año pasado murieron 4.700 personas por las olas de calor en España. Todos estos fenómenos meteorológicos han sido originados por un aumento de la temperatura global de 1,1º. Según el Manifiesto Científico por la Emergencia Climática publicado el pasado viernes, las medidas políticas acordadas hasta ahora, tanto en la legislación española (local, autonómica y nacional) como en el marco internacional y europeo, son insuficientes, pues sólo conseguirían limitar el aumento de temperatura media global hasta 3,2º a finales de siglo. Esto tendría consecuencias catastróficas. Por ello, es fundamental una acción climática contundente y sin distracciones en los próximos años si queremos evitar los peores impactos y costes. Se requiere voluntad política por parte del Estado y del conjunto de las administraciones para poner freno a una realidad que ya está aquí y que empeorará dramáticamente si no se toman medidas contundentes. «Los gobiernos tienen la mayor capacidad de actuación (…) y condicionan la capacidad de acción de la ciudadanía», han dicho los científicos.
La primera demanda al Estado por inacción climática de la historia
En septiembre de 2020, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón iniciaron el primer litigio climático en España para pedir el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos con una demanda ante el Tribunal Supremo contra la inactividad del Estado, que incumplió la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, de aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) antes de 2020.
Tras la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) por el Gobierno, en marzo de 2021, a las tres organizaciones se sumaron Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo para plantear, en junio de ese mismo año, un nuevo recurso contra el contenido de dicho plan, denunciando la falta de ambición y el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones adquiridos con la firma del Acuerdo de París. La aprobación de la Ley de cambio climático y del PNIEC supuso un importante avance frente a las políticas de gobiernos anteriores. Sin embargo, siguen sin contener la ambición que se necesita para cumplir con el Acuerdo de París y evitar las peores consecuencias del cambio climático.
Esta demanda es la primera de España y sigue la estela de otros procesos judiciales en Europa, como Países Bajos, Francia o Alemania, donde otras Cortes Supremas han condenado a los Estados y los han obligado a actuar con mayor ambición climática: «La demanda se sustenta no sólo en sólidos argumentos jurídicos que recogen la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos humanos y las referencias al derecho comparado de las Sentencias del Caso Urgenda vs Países Bajos, Nebauer et al vs Alemania, L’Affaire du Siecle vs Francia, etc., sino en la mejor evidencia científica, desde los informes del PNUMA y el IPPC («el consenso científico hecho carne») a los inventarios nacionales de emisiones, informes de la AEMET y las herramientas de reparto justo de esfuerzos», ha dicho Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes.
Las cinco organizaciones demandantes confían ahora en que la Justicia española les dé la razón, y reconozca la obligación que tiene el Estado de proteger a la ciudadanía frente a los efectos de la crisis climática. Para ello, la sentencia debe exigir al Gobierno que apruebe una reducción de emisiones mucho más ambiciosa, como exigen los informes científicos. En este sentido, el Manifiesto Científico por la Emergencia Climática señala que la causa indiscutible del cambio climático son las emisiones provenientes del uso de combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas. Por eso, dicen, es imprescindible conseguir reducciones de emisiones de CO2 rotundas, cambiando por completo el modelo energético mediante la migración desde fuentes fósiles a fuentes renovables, como fotovoltaica, eólica y geotermia, entre otras. Es urgente acelerar las medidas para reducir la demanda de energía, aumentar la eficiencia en el uso de la energía y conseguir la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables. El último informe del IPCC indica que con las tecnologías existentes es posible reducir a la mitad las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial, y que países con altas emisiones históricas y la capacidad económica, tecnológica y humana para limitarlas están obligados a alcanzar reducciones mayores.
Por ello, las organizaciones demandantes reclaman a los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales que expresen claramente su compromiso con el clima y con las medidas que la ciencia destaca como imprescindibles: acelerar las políticas climáticas para conseguir reducir antes de 2030 las emisiones de efecto invernadero un 55% con respecto a 1990.
