El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que modificará 18 normas, incluyendo seis leyes orgánicas, con el objetivo de endurecer la lucha contra la corrupción en la contratación pública. Las nuevas medidas introducen mayores restricciones para empresas, administraciones y partidos políticos.
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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó tras el Consejo de Ministros que se trata de una ley «muy ambiciosa». Entre sus novedades destaca la creación de un registro público de empresas con prohibición de contratar con la administración y la extensión de 15 a 20 años del plazo en el que las compañías condenadas por corrupción no podrán contratar con el Estado ni recibir subvenciones o beneficios fiscales.
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Además, se reducen los umbrales de transparencia para las donaciones a partidos políticos: a partir de ahora, serán públicas las aportaciones de más de 2.500 euros, frente a los 25.000 actuales. Los partidos también deberán someter sus cuentas a auditorías externas, y se endurecerá el régimen sancionador para quienes no cumplan estas obligaciones.
La ley amplía la prescripción de los delitos de corrupción, refuerza la Oficina de recuperación y gestión de activos, y amplía las facultades del Estado para incautar bienes de corruptos mediante figuras como el «decomiso sin condena» y la confiscación de «riqueza no justificada».
El Gobierno señala que estas medidas buscan aumentar la transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y prevenir la corrupción en todos los niveles de la administración pública.
