La jueza encargada de la investigación sobre la gestión del temporal de lluvia conocido como la dana, ha solicitado información a la Generalitat Valenciana sobre las acciones específicas que tomó en relación con el servicio de teleasistencia para alertar a sus usuarios del inminente riesgo.
Esta petición surge tras la divulgación reciente de grabaciones que revelaron las impactantes llamadas de auxilio de algunos de los 37 usuarios de teleasistencia que lamentablemente perdieron la vida durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024. En estos audios, se escuchan las súplicas de estas personas, quienes se encontraban atrapadas y desamparadas, mientras que los servicios de emergencias estaban completamente desbordados.
La jueza Nuria Ruiz, quien preside el caso, ha centrado su atención en estos trágicos eventos y en la protección de los usuarios de teleasistencia. Desde septiembre, ha pedido colaboración a varias instituciones, incluyendo Les Corts, la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, así como a los ayuntamientos de Valencia y la Diputación Provincial.
La solicitud incluye información sobre quienes eran los beneficiarios del servicio de teleasistencia que fallecieron a causa de las riadas, un recordatorio desgarrador de las vidas perdidas en ese fatídico día.
Además de los datos sobre las víctimas, la magistrada también ha requerido la documentación relacionada con los protocolos de actuación que debían seguirse para garantizar la seguridad de los usuarios. Entre estos protocolos, se encuentran las órdenes escritas que fueron enviadas a la empresa encargada de prestar el servicio de teleasistencia, así como cualquier medida preventiva que se debería haber implementado los días 28 y 29 de octubre.
La jueza también ha insistido en obtener las grabaciones de las llamadas de los usuarios que llamaron en busca de ayuda. Uno de los testimonios más conmovedores proviene de una anciana que, en medio del agua que comenzaba a inundar su hogar, decía a la operadora: «Estoy muy asustada, me está entrando agua en casa». Estas experiencias ponen de relieve la desesperación y el peligro que enfrentaron los usuarios durante la catástrofe.
Las grabaciones muestran cómo los operadores del servicio intentaron en repetidas ocasiones contactar con el 112 y las autoridades competentes sin obtener respuesta, lo que pone aún más en entredicho la eficacia de los servicios de emergencia durante la crisis. Este hecho ha llevado a la jueza a investigar si se siguieron los protocolos adecuados y si se ofrecieron las alertas necesarias para proteger a los más vulnerables.
La jueza ha reafirmado la importancia de esclarecer todas las circunstancias que rodearon la tragedia para establecer las responsabilidades. Múltiples organismos están ahora bajo examinación y se espera que la información solicitada contribuya a responder a las inquietudes de la sociedad sobre la efectividad de los sistemas de alerta y respuesta en emergencias en la comunidad Valenciana.
