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En noviembre de 2024, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se convirtió en el primer líder de un país democrático aliado de Occidente en recibir una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Esta decisión se debió a su supuesta responsabilidad en delitos graves durante el asedio a Gaza, donde se denunciaron bombardeos indiscriminados y obstrucción de ayuda humanitaria, provocando una hambruna extrema.
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El 20 de mayo de 2024, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. Kahn describió que ambos eran «penalmente responsables de crímenes internacionales» que incluían el uso del hambre como un arma de guerra, ataques intencionados a civiles y otros crímenes de lesa humanidad.
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Seis meses después de esta solicitud, los jueces internacionales decidieron actuar, a pesar de las defensas ardientes de Netanyahu. En su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el líder israelí argumentó que la Corte buscaba restringir la capacidad de Israel para defenderse, mientras continuaba con una guerra en Gaza que ya duraba diez meses.
Este contexto revela la figura de Netanyahu: un ferviente nacionalista que ha liderado Israel desde 2009 con la convicción de que está salvando a su país y a Occidente de una amenaza islamista. El ex primer ministro Ehud Barak, quien lo conoce desde los años 60, ha señalado que Netanyahu cree que su misión es proteger no solo a Israel, sino también a Europa y al mundo.
Sin embargo, el incidente del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que resultó en el secuestro de ciudadanos israelíes, ha puesto en cuestión esta narrativa de salvación. Zahiro Shahar, un líder de las familias de los rehenes, ha denunciado que la gestión de Netanyahu es criminal y ha exigido un alto el fuego inmediato.
Las críticas hacia Netanyahu se intensificaron cuando se reveló que, a pesar de los conflictos, había permitido la transferencia de fondos de Catar a Hamás durante años, facilitando así su fortalecimiento. Esta decisión fue considerada como parte de una estrategia destinada a debilitar a la Autoridad Palestina y dividir a los palestinos en lugar de confrontar el extremismo.
La respuesta de Netanyahu al ataque de Hamás fue una operación militar extremadamente violenta en Gaza, marcada por bombardeos que resultaron en una devastación sin precedentes. A medida que avanzaba la ofensiva, los informes indicaron que el 70% de las infraestructuras urbanas y casi todas las escuelas habían sido destruidas, así como un número alarmante de muertes, principalmente entre civiles.
Las organizaciones internacionales han sido claras: la situación humanitaria en Gaza es deplorable, con más del 80% del suministro de agua comprometido y una hambruna acechando a cientos de miles de personas. La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos sostuvo que privar de alimentos a la población es un crimen inexcusable, lanzando una fuerte crítica a la gestión de la crisis por parte de Israel.
Las duras realidades del conflicto han llevado a más voces dentro de Israel a cuestionar la legitimidad y moralidad de las acciones de Netanyahu. Mientras el primer ministro sigue sosteniendo que su enfoque es necesario para la seguridad, las voces de condena resuenan cada vez más, preguntándose a qué costo se está defendiendo el país.
