La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación abierta tras la denuncia presentada por dos antiguas empleadas contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021 en República Dominicana y Bahamas, al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos.
Según el decreto del Ministerio Público, no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la Justicia española asuma la causa. La denuncia incluía delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores.
La Fiscalía recuerda que la legislación española exige, entre otras condiciones, que el denunciado sea español, que no exista un procedimiento abierto en el país donde se produjeron los hechos o ante un tribunal internacional, y que haya una conexión material con España, como la nacionalidad o residencia en el país de las denunciantes.
En este caso, señala el decreto, las denunciantes son extranjeras y no residen en España; los hechos se habrían producido en países “plenamente competentes”; y los denunciados —Julio Iglesias y dos de sus asistentes— no viven en territorio español y poseen nacionalidades distintas.
El Ministerio Público concluye que no existe un “vínculo relevante” con España, ya que ni los hechos ocurrieron en territorio nacional ni las partes implicadas se encuentran en el país. Además, subraya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide desplazar la jurisdicción del Estado territorialmente competente salvo que se demuestre una falta real de voluntad para investigar, circunstancia que no concurre en este caso, dado que los hechos no han sido denunciados en los países donde presuntamente sucedieron.
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Por ello, la Fiscalía aplica el artículo 23.5 de la LOPJ, que obliga a los tribunales españoles a abstenerse cuando otro Estado es el competente.
La Fiscalía había abierto diligencias de investigación preprocesales, con carácter secreto, tras recibir la denuncia el pasado 5 de enero, y el día 16 concedió a las denunciantes la condición de testigos protegidos. Ambas están representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La existencia de la investigación se conoció el mismo día en que una investigación periodística de eldiario.es y Univisión Noticias recogía los testimonios de las denunciantes, una ex empleada del hogar y una fisioterapeuta, que relataron presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones en 2021, cuando el cantante tenía 77 años.
Una de ellas aseguró que, mientras trabajaba en los domicilios del artista en República Dominicana y Bahamas, estaba obligada a someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.
Desde el inicio, Julio Iglesias negó las acusaciones públicamente a través de su cuenta de Instagram. Tras conocer la apertura de las diligencias, su defensa solicitó el archivo de la causa por falta de jurisdicción y pidió personarse en el procedimiento, alegando que la denuncia le había causado un “grave daño reputacional”.
Posteriormente, el cantante publicó en sus redes sociales mensajes que, según afirmó, habría recibido de las denunciantes, como forma de defender su inocencia.
