La Mesa de Diálogo Social ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Palacio de la Asamblea y ha estado presidida por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. En dicha reunión, se han acordado tres asuntos por unanimidad de todos los presentes.
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En primer lugar, las conclusiones del grupo técnico, constituido por decisión de la Mesa de Diálogo Social de Ceuta, sobre el nuevo sistema de bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla introducido al amparo del Real Decreto-Ley 1/2023 y el Real Decreto 660/2023, que califican de “inaplicabilidad de facto de la nueva bonificación”.
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En segundo lugar, la valoración de la situación económica y medidas urgentes a adoptar. Por último, la celebración de una próxima reunión al objeto de: abordar otros asuntos de importancia capital para el presente y futuro económico de Ceuta; intercambiar información acerca de las gestiones que, cada uno de los agentes o instituciones, hayan llevado a cabo en relación con el asunto de las bonificaciones a la Seguridad Social y precisar, respecto de las medidas acordadas en el apartado II de la reunión, los extremos que se estimen pertinentes.
El documento los técnicos resalta que el nuevo sistema de bonificaciones a la seguridad social en Ceuta y Melilla supone “un considerable retroceso sobre el vigente hasta ahora, que empeora en todos y cada uno de sus aspectos, hasta el punto de hacerlo inaplicable en la práctica, como la experiencia de los días transcurridos del mes de septiembre, desde su entrada en vigor el 1 del mismo mes, está demostrando”.
Más que una modificación, “supone una derogación de facto de las bonificaciones”. Indican que es “injustificable ataque” al Régimen Económico y Fiscal Especial de Ceuta y Melilla, que no dispone de un sistema de protección, a diferencia del Régimen Canario (recogido en la Disposición adicional Tercera de la Constitución Española de 1978, en el artículo 167 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
Esta modificación, introducida por Decreto-ley, sin ningún diálogo ni comunicación previa con las instituciones representativas y los agentes económicos y sociales de ambas ciudades, “ha creado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes”, y está ya causando el aplazamiento y cancelación de decisiones empresariales de inversión, en un momento en que son más necesarias que nunca tras la prohibición unilateral del comercio fronterizo por parte de Marruecos.
