La propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para renovar el sistema de financiación autonómica con un modelo “para todos” se encuentra, por el momento, lejos de contar con los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante.
El sistema de financiación autonómica, que cubre el gasto de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, además de otras competencias transferidas a las comunidades, está regulado por una ley orgánica. Esto implica que cualquier modificación requiere el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, un escenario que el Gobierno no tiene garantizado.
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En la práctica, el rechazo del Partido Popular o de Junts per Catalunya bastaría para bloquear la iniciativa, ya que el Ejecutivo necesita el apoyo de, al menos, uno de estos dos grupos para sacar adelante la reforma.
Un modelo desfasado
El sistema vigente fue aprobado en 2009 con una vigencia inicial de cinco años, por lo que no solo se considera formalmente caducado, sino también obsoleto. Los expertos coinciden en que el aumento progresivo de competencias autonómicas no ha venido acompañado de una financiación suficiente, lo que ha tensionado las cuentas de muchas comunidades.
La principal novedad del modelo planteado por el Gobierno pasa por incrementar los recursos disponibles para las autonomías, ampliando el porcentaje del IRPF y del IVA que se queda en cada territorio en función de la recaudación.
Desde el Ejecutivo confían en que, pese al malestar expresado por varios presidentes autonómicos del PP ante los acuerdos bilaterales alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, los populares acaben aceptando la necesidad de reformar el sistema.
Con este objetivo, Montero ha convocado para el próximo miércoles 14 de enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que participarán los responsables económicos de las comunidades autónomas. En ese foro, la ministra espera detallar la propuesta y recoger aportaciones de los gobiernos regionales.
La acogida que tenga el nuevo modelo en esta reunión será clave para medir su viabilidad política. Sin una base mínima de negociación, la reforma podría quedar seriamente comprometida, más aún ante las dificultades para recabar el apoyo de Junts.
El debate sobre el concierto catalán
El posicionamiento de Junts está estrechamente ligado a los pactos de investidura firmados por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, en los que se planteaba que Cataluña pudiera recaudar sus impuestos y acordar posteriormente una aportación al Estado, siguiendo el modelo del País Vasco y Navarra.
Ambas comunidades cuentan con un sistema propio —el concierto y el convenio— que las sitúa fuera del régimen general de financiación autonómica. Sin embargo, la propuesta presentada por Montero se limita a reformar el sistema común e incluye expresamente a Cataluña dentro de este marco.
Preguntada por la posible cesión del 100 % del IRPF a Cataluña, lo que implicaría la creación de una Agencia Tributaria catalana, la ministra reconoció que se trata de una cuestión aún en negociación y con importantes dificultades técnicas y políticas.
Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso dejó claro antes de la comparecencia de Montero que su grupo solo respaldará un nuevo modelo de financiación si incorpora un “concierto catalán”, una exigencia que complica todavía más el futuro de la iniciativa gubernamental.
