A solo quince días de que expire el plazo final, el Ministerio de Inclusión ya ha registrado 900.000 peticiones, superando ampliamente cualquier proceso administrativo anterior en el país.
El proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en España camina con paso firme hacia cifras jamás vistas en la historia demográfica y laboral del país. A falta de exactamente dos semanas para que concluya el plazo legal para la presentación de expedientes el próximo 30 de junio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha recibido la cifra récord de 900.000 solicitudes de ciudadanos extranjeros que buscan normalizar su situación administrativa.
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Los datos provisionales sitúan este proceso extraordinario muy por encima de la última gran regularización acometida en España, que tuvo lugar en el año 2005 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se contabilizaron 691.655 peticiones y se concedieron un total de 576.506 permisos de residencia.
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Ritmo en las oficinas y expedientes en trámite
La enorme afluencia de solicitantes en las últimas semanas refleja la magnitud de una medida que busca aflorar el empleo sumergido y dotar de plenos derechos fundamentales y laborales a los migrantes que ya se encontraban residiendo de forma efectiva en el territorio nacional antes del 1 de enero de 2026.
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De los 900.000 expedientes que han entrado formalmente en el sistema, la Administración ya ha admitido a trámite alrededor de 360.000 peticiones. Fuentes del Ministerio de Migraciones han hecho un llamamiento a la calma, recordando que tras la presentación formal de la solicitud, los distintos negociados públicos disponen de un margen legal de tres meses para revisar la documentación y emitir sus resoluciones.
«Que nadie se quede fuera»: un objetivo compartido
La tramitación masiva está movilizando una infraestructura sin precedentes coordinada entre ministerios, oficinas de Extranjería, la Seguridad Social y la red postal de Correos. El lema implícito en los despachos oficiales y en las calles durante estas últimas semanas está siendo «que nadie se quede fuera». Un propósito en el que coinciden plenamente el propio Ejecutivo, los bufetes de abogados especializados y las diversas organizaciones no gubernamentales y colectivos vecinales que llevan semanas asesorando y acompañando a los solicitantes para cumplimentar los impresos.
Para poder acceder con éxito a esta ventana extraordinaria de regularización, los interesados deben acreditar una permanencia ininterrumpida en el país de al menos cinco meses en el instante de registrar la solicitud, carecer por completo de antecedentes penales en España o en sus países de origen durante los últimos cinco años, y abonar una tasa fija de tramitación estipulada en 38,28 euros.
El impacto económico: aflorar el capital humano
Más allá de la evidente vertiente humanitaria y de derechos civiles, diversos análisis y estudios académicos publicados al respecto coinciden en el notable impacto económico que este proceso tendrá en las arcas públicas del Estado. Se calcula que el beneficio fiscal neto medio por cada ciudadano extranjero que pase a cotizar de manera regular en el mercado laboral reportará en torno a los 4.000 euros anuales a la Seguridad Social. El objetivo prioritario es canalizar y consolidar legalmente una mano de obra que ya forma parte indispensable del tejido productivo y del crecimiento económico general del país.
