La Universitat de Barcelona (UB) se encuentra inmersa en una investigación sin precedentes tras las acusaciones de coerción sexual, abuso de poder, violencia psicológica y explotación laboral dirigidas contra el catedrático emérito Ramón Flecha, fundador del grupo de investigación CREA (Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos). La historia, que se remonta a más de treinta años, ha salido a la luz este mes a través de testimonios de varias personas que trabajaron junto al profesor.
Según nueve testimonios recogidos por distintos medios, varias universitarias aseguran haber vivido situaciones de presión emocional, subordinación laboral y relaciones sexuales en contextos de desigualdad jerárquica, mientras formaban parte del grupo dirigido por Flecha. Muchas de estas declaraciones describen un ambiente en el que la vida personal y profesional se mezclaba en detrimento de las jóvenes investigadoras o becarias.
Las denunciantes señalan que el grupo CREA, que se presenta como un espacio académico comprometido con la excelencia científica y la transformación social, funcionaba como una estructura jerárquica donde la figura del catedrático tenía un poder hegemónico sobre su equipo. Según estos testimonios, el liderazgo de Flecha habría estado marcado por dinámicas de dependencia afectiva y control emocional, que habrían facilitado situaciones de abuso.
En julio de este año, nueve mujeres y dos hombres presentaron una denuncia ante el rectorado de la UB. Desde entonces, se han sumado otras cuatro personas denunciantes, que relatan experiencias similares durante distintos momentos de su trayectoria académica dentro de CREA. En total, los hechos señalados podrían implicar a decenas de personas afectadas a lo largo de tres décadas.
Ante la magnitud de las acusaciones, la Universitat de Barcelona ha abierto una investigación independiente, inusual en la universidad española, para determinar si los hechos encajan en delitos perseguibles o en infracciones administrativas graves. El informe preliminar está previsto para las próximas semanas y, en caso de encontrar indicios de delito, se remitirá a la justicia.
La polémica no es nueva. Ya en 2004 y 2016 se presentaron denuncias colectivas relacionadas con el funcionamiento del grupo CREA, aunque fueron archivadas por la Fiscalía en su momento. Los denunciantes actuales sostienen que los conceptos jurídicos como consentimiento y coerción sexual han evolucionado desde entonces, y ven en la investigación en curso una oportunidad para que sus relatos sean finalmente valorados con perspectiva actual.
Además, organizaciones como la Oficina Española de Integridad en Investigación (OEI) han instado a la UB a adoptar medidas urgentes de protección para quienes han denunciado estos hechos, reclamando apoyo institucional ante la grave naturaleza de las acusaciones.
Hasta el momento, ni Flecha ni otras figuras implicadas, como la profesora Marta Soler, que dirigió formalmente CREA desde 2006, han comparecido públicamente ante los medios para responder a las acusaciones. A través de comunicaciones indirectas, han defendido que las acusaciones son injustas y que siempre han protegido a las víctimas de abusos.
La investigación continúa, mientras la comunidad universitaria y la sociedad española siguen atentamente un caso que pone de relieve la importancia de revisar estructuras de poder en entornos académicos y reforzar mecanismos efectivos de protección frente a posibles abusos.
