La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en España, especialmente para los jóvenes que encuentran cada vez más difícil acceder a una casa a un precio razonable. Este problema, que lleva más de una década agravándose, se debe a la escasez de oferta, el encarecimiento de los alquileres y el aumento del precio de compra.
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En este contexto, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, ha recordado cómo se gestionó la vivienda durante la dictadura franquista, destacando las políticas de construcción masiva y protección de inquilinos que se aplicaron en esa época. Carmena abordó este tema en el programa «Las abogadas & compañía» de RTVE, señalando que durante el franquismo se construyeron muchas viviendas y se protegió a los inquilinos mediante el control de las rentas.
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Políticas de vivienda durante el franquismo
La política de vivienda del franquismo respondió a una realidad marcada por las consecuencias de la Guerra Civil, el crecimiento demográfico y la migración del campo a las ciudades. A partir de los años cincuenta, el régimen impulsó la construcción de viviendas para reducir el déficit habitacional y fomentar la propiedad entre las clases trabajadoras. En 1957, se creó el Ministerio de la Vivienda, dirigido por José Luis Arrese, quien resumió su objetivo con la frase: «Queremos una España de propietarios y no de proletarios».
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Para lograrlo, el Estado colaboró con empresas privadas, ofreciendo créditos, ventajas fiscales y facilidades administrativas. La Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954 permitió impulsar promociones para familias con recursos limitados, regulando precios y características por la Administración. Esto llevó a la expansión de barrios obreros en ciudades como Madrid y Barcelona, aunque muchos se ubicaron en periferias con escasos servicios.
Control de alquileres y sus consecuencias
Carmena también destacó el control de los alquileres durante el franquismo, que protegía a los inquilinos al congelar las rentas. La legislación establecía la prórroga forzosa de los contratos, permitiendo a los inquilinos permanecer durante décadas en sus viviendas pagando menos que los precios de mercado. Sin embargo, esto desincentivó a los propietarios de mantener sus viviendas en alquiler, dificultando la incorporación de nuevas viviendas al mercado.
La exalcaldesa criticó el decreto Boyer de 1985, que eliminó la prórroga forzosa para nuevos contratos, permitiendo pactar libremente su duración. Según Carmena, esta liberalización fue un error, ya que se podría haber buscado otras medidas para proteger a los inquilinos sin perjudicar a los propietarios. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 introdujo nuevas reglas sobre duración y prórrogas, transformando el mercado del alquiler en España.
El debate sobre la vivienda continúa
Las palabras de Carmena reavivan un debate que sigue abierto cuatro décadas después del decreto Boyer. La vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles, pero las dificultades actuales son el resultado de una combinación de factores que no existían de la misma manera durante la dictadura. Uno de los más importantes es el desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que España lleva años construyendo menos viviendas de las necesarias para atender el crecimiento poblacional y la formación de nuevos hogares.
















