El Gobierno ha dado marcha atrás en su estrategia de apoyo institucional y financiero a Openchip & Software Technologies, la compañía tecnológica impulsada como un proyecto estratégico de microelectrónica y diseño de chips en España. Esta decisión se produce tras meses de controversia política y mediática en torno a la adjudicación de fondos públicos y la vinculación corporativa de la entidad.
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El foco sobre Openchip se intensificó a finales de 2024 tras trascender el fichaje de Therese Jamaa —pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares— como vicepresidenta de alianzas estratégicas de la firma, un movimiento que coincidió con la inyección de más de 100 millones de euros procedentes de fondos europeos gestionados por el Ejecutivo. A esta vía de financiación estatal se sumó posteriormente el respaldo de la Generalitat de Cataluña bajo el mandato de Salvador Illa, que en la primavera de 2026 aprobó la concesión de un crédito de 25 millones de euros a la compañía, a pesar de las críticas de la oposición por la falta de inhibición del ministro en las deliberaciones del Consejo de Ministros y la escasa facturación inicial de la empresa.
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Con este giro, el Ejecutivo frena los planes previstos para consolidar a la compañía como uno de los estandartes tecnológicos del sector de semiconductores en España, en un contexto marcado por la fiscalización de los criterios de adjudicación y las conexiones políticas que rodearon desde su origen el crecimiento de la mercantil.
