Cada nuevo testimonio sobre la DANA que azotó Valencia en octubre de 2024, dejando 230 muertos, evidencia los fallos que agravaron la catástrofe. Este jueves, el subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, declaró ante la jueza de Catarroja que el envío de la alerta masiva a móviles se retrasó porque la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, pidió corregir la versión en valenciano del mensaje.
Según fuentes presentes en la comparecencia, Suárez explicó que la notificación, enviada finalmente a las 20:11 horas, podría haberse activado al menos dos horas antes, lo que habría salvado numerosas vidas. “Busqué a la señora Pradas y le dije que ya tenía el mensaje. Ella hace una segunda lectura y cambia ‘se solicita suspender’ por ‘se ruega evitar’, por cuestiones lingüísticas, acentos y demás”, relató el testigo.
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El subdirector también señaló que sus recomendaciones de incluir en el mensaje la indicación de subir a zonas altas fueron ignoradas. Más de la mitad de los fallecidos eran personas mayores o con movilidad reducida que residían en plantas bajas o garajes. Suárez aseguró que ya a las 17:45 horas había solicitado el envío inmediato de la alerta, cuando el riesgo se hacía evidente tras la información recibida sobre la presa de Forata y las posibles inundaciones de hasta seis o siete metros.
Con más de 12 años de experiencia en gestión de catástrofes, Suárez participó activamente en el Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana y en el Cecopi, donde se tomaron decisiones clave durante la crisis. Su testimonio confirma que la alerta se planteó con antelación, pero la demora en su envío coincidió con el momento más crítico, cuando al menos 155 personas ya habían perdido la vida.
El caso sigue bajo investigación, con Pradas y otros responsables siendo interrogados sobre su papel en la gestión de la peor catástrofe natural registrada en la Comunidad Valenciana en el último siglo.
