La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha declarado que durante la tarde de la DANA le costó «hasta cuatro llamadas» localizar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según Ribera, la situación era crítica y necesitaba comunicarse urgentemente con Mazón.
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En una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, Ribera explicó que fue informada por el secretario de Estado sobre la gravedad de la situación. A pesar de sus intentos, no logró establecer contacto inmediato con Mazón, quien inicialmente respondió que todo iba bien pero luego no devolvió la llamada.
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Ribera expresó su preocupación sobre cómo se manejan las alertas graves y cuestionó la relevancia que algunos dirigentes dan a estas situaciones. «Esto pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de comunicación en emergencias», afirmó Ribera, defendiendo además el funcionamiento del Estado autonómico.
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Por otro lado, Carlos Mazón respondió a las acusaciones de Ribera calificándolas de «manipulaciones». En su cuenta de X, compartió un mensaje de texto enviado por Ribera donde ella expresaba su preocupación y disposición para ayudar. Mazón argumentó que el mensaje fue recibido después de enviar la alerta y sin cobertura en el CECOPI.
El mensaje de Ribera decía: «Presidente, soy Teresa R. Estamos pendientes y preocupados. El presidente de la CHJ está inquieto pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y protección civil en ello. Aemet siguiendo evolución. Dime cualquier cosa en la que podamos ayudar».
Este intercambio de declaraciones ha generado un debate sobre la eficacia de la comunicación entre las autoridades durante situaciones de emergencia. Mientras Ribera defiende la labor de su ministerio y las agencias involucradas, Mazón insiste en que las acusaciones son infundadas y buscan desacreditar su gestión.
La controversia también ha puesto en el centro del debate la coordinación entre el gobierno central y las comunidades autónomas en momentos críticos. La pregunta que surge es si el sistema actual permite una respuesta efectiva y rápida ante desastres naturales.
En conclusión, la disputa entre Ribera y Mazón refleja no solo un conflicto personal, sino también un desafío institucional sobre cómo mejorar la gestión de emergencias en España. La necesidad de protocolos claros y eficientes es evidente para evitar malentendidos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
