La investigación judicial en torno al trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha dado un giro significativo después de que un técnico con más de treinta años de experiencia en el sector y vinculado a la cantera suministradora haya remitido un escrito a la magistrada para alertar de que ADIF utilizó material «defectuoso» en las vías meses antes de que se produjera el siniestro.
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El testigo, que ha solicitado mantener su identidad bajo protección judicial, defiende en su testifical que la piedra machacada o balasto instalada en la infraestructura incumplía de forma flagrante los estándares recogidos en las especificaciones técnicas del administrador ferroviario y en la normativa europea aplicable.
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Las claves del informe y las deficiencias del balasto
- Incumplimiento normativo: Según el escrito aportado al juzgado, el material procedente de la cantera no satisfacía las exigencias técnicas establecidas (como la norma UNE-EN 13450 y los pliegos de ADIF), presentando graves deficiencias de calidad.
- Exceso de desgaste y fragmentación: El experto detalla que la piedra mostraba una resistencia insuficiente frente a las cargas del tráfico ferroviario, lo que propiciaba una fragmentación prematura y la generación masiva de partículas finas.
- Pérdida de estabilidad: Este deterioro acelerado compromete de manera directa la banqueta ferroviaria, provocando una progresiva pérdida de asentamiento, firmeza y geometría en el apoyo de las traviesas de la vía.
Peticiones y diligencias en el proceso
Ante la gravedad de los hechos expuestos, el técnico ha solicitado a la autoridad judicial la realización urgente de análisis petrográficos, ensayos de abrasión y controles granulométricos sobre las muestras de la vía. Asimismo, el escrito plantea la necesidad de revisar los albaranes de suministro e incluso valora la adopción de medidas cautelares de supervisión estricta o restricciones temporales en el tramo afectado mientras se comprueba el estado real de los materiales.
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Esta nueva línea de investigación se suma a los peritajes e informes previos sobre el estado de los carriles y las soldaduras, ampliando el foco judicial hacia los controles de calidad y los aprovisionamientos previos ejecutados en la infraestructura.















