Por otro lado, la Consejería de Sanidad y el Ingesa han firmado un convenio de colaboración para la realización del cribado del cáncer colorrectal en el que se destinará 40.000 euros para la realización de colonoscopias. Servicios Tributarios y la Gerencia Territorial del Catastro actualizarán los cambios legislativos en el último año
En otros asuntos, la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno un convenio de colaboración con el Ingesa para la realización del cribado del cáncer colorrectal. Este convenio se firmó por vez primera entre la Ciudad y el Ingesa en el año 2016, y se vuelve a firmar por otros cuatro años más. Comenzó como un programa piloto dirigido a la población residente en nuestra ciudad con edades entre 65 y 69 años. En la actualidad, se dirige a personas entre 60 y 60 años. Está prevista la ampliación de la cohorte de edad hasta los 55 años en 2023, para finalmente llegar a los 50 años.
Va dirigido a la población de riesgo medio, quedando excluidas las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon u otras patologías digestivas. El objetivo es detectar el cáncer de colon en la fase más temprana posible, realizando un test de sangre oculta en heces, que es una prueba sencilla e indolora.
La Consejería se encarga de la adjudicación de la toma de muestras y es el Ingesa quien realiza la colonoscopia posterior si el resultado fuese positivo. El convenio no tiene importe económico, aunque la Consejería va a destinar 40.000 euros al contrato para la realización de las pruebas iniciales. La Ciudad recuerda que también se están promocionando otros programas de detección precoz como es el cáncer de mama, de pulmón y, recientemente, de cérvix.
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La Consejería de Servicios Sociales ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno un reconocimiento de deuda a los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca por prestación de servicios, que no fueron abonados, tales como la ocupación de plazas de día y de noche de adultos y de personas con discapacidad, por un importe de 155.369 euros en la Casa de Acogida de San Vicente de Paúl. Se trata de facturas que estaban sin abonar del 1 de julio de 2021 a 21 de marzo de 2022. El contrato con Cruz Blanca expiró el 1 de julio del pasado año y se inició con posterioridad la nueva contratación el 21 de marzo de 2022. Por lo tanto, ese periodo de nueve meses que quedó sin cubrir, es lo que ahora se ha reconocido.
Por otro lado, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno un convenio de colaboración entre Servicios Tributarios y la Gerencia Territorial del Catastro. Este convenio viene a sustituir el anterior para adaptarlo a los cambios legislativos que se han producido desde mayo de este año. Se trata de un convenio por el que ambas administraciones colaborarán en todo lo referido a la gestión catastral en nuestra ciudad.
