El sindicato Solidaridad ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1155/2024, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Según el sindicato, las modificaciones introducidas representan una grave amenaza para los derechos de los trabajadores españoles, fomentan la inmigración irregular y precarizan el mercado laboral.
Críticas a las principales modificaciones del reglamento
Entre los aspectos más controvertidos, Solidaridad destaca las siguientes medidas:
- Extensión de los visados para búsqueda de empleo: El reglamento amplía la duración de estos visados de tres meses a un año. Según el sindicato, esta medida “satura el mercado laboral y agrava el desempleo entre los trabajadores nacionales”.
- Autorización laboral para familiares reagrupados: La normativa permite trabajar a los cónyuges e hijos de residentes legales sin necesidad de trámites adicionales. Solidaridad considera que esto genera una competencia desleal para los trabajadores locales.
- Facilidades para el “arraigo” y regularización de inmigrantes: Se han introducido figuras legales que, según Solidaridad, reducen significativamente los requisitos para la regularización de personas en situación irregular. Esto incluye una disposición que permite obtener autorización de residencia tras seis meses de estancia irregular, lo que el sindicato califica como una “amnistía encubierta”.
- Protección de colectivos específicos en desprotección: La disposición final tercera prioriza a personas afectadas por conflictos políticos, étnicos o religiosos. Solidaridad cuestiona el impacto de esta medida en el equilibrio del mercado laboral, afirmando que prioriza intereses externos sobre los nacionales.
Declaraciones del secretario general
Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad, ha expresado su rechazo contundente a estas medidas:
«No podemos permitir que se utilicen los reglamentos como herramientas para promover la inmigración irregular y la competencia desleal en el empleo. Este reglamento es un paso atrás en la defensa de los derechos de nuestros trabajadores.»
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Exigen la retirada del reglamento
Solidaridad advierte que continuará luchando para proteger los derechos de los trabajadores frente a normativas que, a su juicio, comprometen su estabilidad laboral y social. Exige al Gobierno la retirada inmediata del reglamento y señala que, de no hacerlo, el impacto en las condiciones laborales de los españoles será irreparable.
El sindicato reitera su compromiso con la defensa de los intereses de los trabajadores nacionales, asegurando que seguirá denunciando cualquier medida que amenace su bienestar laboral y económico.
