El reciente paquete de medidas urgentes en materia de vivienda —popularmente conocido como el «decreto Maricarmen» (Real Decreto-ley 29/2026)— ha generado una fuerte sacudida en el mercado del alquiler. Según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) a más de 600 agencias de las principales ciudades y capitales de provincia, el 88,9% de las inmobiliarias ha detectado incidencias negativas directas en sus carteras a raíz de los cambios normativos.
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La inseguridad jurídica y las nuevas limitaciones en la actualización de rentas y prórrogas de contratos han provocado una reacción en cadena entre los pequeños propietarios, traduciéndose en una contracción histórica de la oferta disponible para el arrendamiento residencial habitual.
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Principales consecuencias constatadas por las inmobiliarias
Los datos preliminares recogidos por FAI reflejan un impacto directo sobre miles de operaciones y viviendas en todo el territorio:
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- Retirada de oferta: El 78,1% de las agencias inmobiliarias constata la retirada de inmuebles destinados al alquiler residencial tradicional, con un promedio de 3,78 viviendas retiradas por agencia.
- Paralización contractual: El 72,4% de los profesionales apunta a un freno generalizado en la firma de contratos, registrando una media de 2,75 operaciones congeladas.
- Fuga hacia la compraventa: Ante la desconfianza en el marco legal del alquiler, el 56,6% de las inmobiliarias confirma el trasvase de propiedades hacia el mercado de compraventa (con una media de 2,26 inmuebles por oficina).
- Alternativas de escape (temporada y habitaciones): El 38,9% de las agencias observa una desviación de la oferta hacia modalidades de alquiler de temporada o por habitaciones para sortear las restricciones del decreto (con un promedio de 1,76 inmuebles afectados).
Balance cuantitativo provisional
En los primeros compases de aplicación de la norma, los registros de FAI contabilizan un total de 5.758 operaciones afectadas de manera directa:
| Tipo de afectación | Volumen de inmuebles / operaciones |
| Viviendas retiradas del mercado habitual | 2.067 inmuebles |
| Inmuebles desviados a la compraventa | 1.224 propiedades |
| Viviendas derivadas a alquiler temporal o habitaciones | 944 inmuebles |
| Firmas de contratos bloqueadas | 1.523 operaciones |
| Total de impacto directo registrado | 5.758 inmuebles y operaciones |
Un contexto de creciente incertidumbre
El decreto, convalidado recientemente en el Congreso de los Diputados, incluye medidas de gran calado como la limitación extraordinaria de la actualización de rentas, la ampliación de la protección frente a desahucios de colectivos vulnerables hasta finales de la década y restricciones a la adquisición de inmuebles por grandes tenedores.
Mientras que desde el ámbito político se defiende la norma como un mecanismo de protección social y contención de precios, el sector profesional insiste en que las restricciones intensifican el desequilibrio estructural del mercado, ahogando la oferta y trasladando el problema de la accesibilidad de la vivienda a un escenario de mayor tensión y litigiosidad.














