El tribunal rechaza el recurso de Alberto González Amador contra la decisión de la jueza de abrir una pieza separada en la investigación por fraude fiscal
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión de ampliar la investigación contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en relación con sus negocios con el grupo sanitario Quirón. El tribunal ha desestimado el recurso del empresario contra la apertura de una pieza separada en la causa que se sigue en su contra por presunto fraude fiscal.
Según los magistrados, la investigación debe continuar para esclarecer el alcance de las operaciones económicas y jurídicas realizadas. “Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, señalan en su resolución.
Una investigación en expansión
La jueza Inmaculada Iglesias decidió en octubre abrir una pieza separada para indagar en nuevos delitos fiscales que podrían haberse cometido, tras una inspección tributaria que se extendió durante dos años. La acusación popular, integrada por el PSOE y Más Madrid, solicitó la ampliación de la investigación en junio de 2024. Aunque inicialmente la jueza rechazó la petición, tras un recurso reconsideró su postura y accedió a abrir una nueva línea de investigación, aunque no por todos los delitos propuestos por la acusación popular.
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La Fiscalía, que hasta hace un mes contemplaba un acuerdo con González Amador que le habría permitido evitar la cárcel a cambio de reconocer los delitos, ha cambiado de postura. Ahora considera que podría existir un delito de corrupción en los negocios y ha solicitado que se amplíe la investigación por un posible soborno.
Presunto soborno y facturas falsas
El foco de la nueva pieza separada es la relación entre González Amador y el Grupo Quirón, el mayor contratista de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad. Según la Fiscalía, existen indicios de que González Amador pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, a través de la compra de una empresa sin valor real. La Agencia Tributaria también ha señalado que la operación podría haber servido para encubrir una comisión ilegal.
Los hechos se remontan a 2020, cuando González Amador ya había cobrado casi dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas para la empresa gallega Mape, donde Camino había sido nombrado consejero. Las acusaciones sostienen que el pago por la empresa sin valor podría haber sido una manera de repartir beneficios de aquellas operaciones.
Posteriormente, a finales de 2020, la empresa de González Amador, Maxwell Cremona, adquirió otra compañía llamada Círculo Belleza SL, que tras la compra pasó a llamarse Masterman & Whitaker. Pese a no contar con empleados, esta empresa logró contratos con Quirón Prevención para proyectos de expansión en Latinoamérica y asesoría internacional.
Sin embargo, en diciembre de 2021, Maxwell y Masterman firmaron un contrato de cesión parcial del contrato de asesoría con Quirón, y apenas un día después todas las participaciones de Masterman fueron transferidas a González Amador, quien quedó como único socio y administrador de ambas sociedades. La Fiscalía sospecha que esta estructura pudo utilizarse para simular servicios prestados y generar gastos ficticios con el fin de reducir la carga fiscal en ejercicios futuros.
La operación también habría derivado en la emisión de facturas falsas. Masterman facturó a Maxwell 600.000 euros, pese a que solo había cobrado 327.000 euros de Quirón, lo que según la Agencia Tributaria podría haber generado bases imponibles negativas artificiales para futuras compensaciones fiscales.
Consecuencias legales
La investigación por fraude fiscal contra González Amador se encuentra en una fase clave, con nuevos indicios de corrupción en los negocios y un posible soborno al directivo de Quirón. La Fiscalía, que inicialmente apostaba por un acuerdo que evitara su ingreso en prisión, ha endurecido su postura tras revisar el recurso del investigado.
Mientras tanto, la pareja de Ayuso sigue buscando un pacto con la Justicia que le permita evitar la cárcel sin reconocer abiertamente su condición de defraudador confeso. Sin embargo, la acumulación de pruebas y el endurecimiento de la Fiscalía podrían complicar este objetivo.
