El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y el vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), han denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “utiliza la inmigración para generar crispación política”, en lugar de dar una respuesta real a la presión que sufren las islas. Ambos dirigentes advirtieron de que Canarias cerrará 2025 con unas 20.000 llegadas de migrantes irregulares, lo que supone 7.000 más en los próximos tres meses, y advirtieron de que los servicios sociales autonómicos “ya están al límite”.
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Clavijo acusó al Gobierno de “pasividad” en el traslado de menores migrantes a la Península, recordando que apenas se han derivado 93 de los casi 1.000 con derecho a asilo reconocidos por el Supremo. Domínguez fue más allá y aseguró que el Ejecutivo “espera a que los menores cumplan 18 años para no tener que asumirlos”.
Los dos dirigentes coincidieron en reclamar un despliegue de Frontex en la costa canaria para reducir la llegada de cayucos, así como en denunciar un trato desigual frente a comunidades como Cataluña o País Vasco en el reparto de responsabilidades.
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Una comunidad infrafinanciada en 1.700 millones
Además de la inmigración, la financiación autonómica centró el debate. Tanto Clavijo como Domínguez insistieron en que Canarias está infrafinanciada en más de 1.700 millones de euros anuales, al no computarse de manera adecuada los sobrecostes derivados de la insularidad y la lejanía. Ambos rechazaron también la quita de deuda propuesta por el Gobierno central, que calificaron de “circo” político.
Vivienda y turismo, los otros frentes
El encarecimiento del alquiler y la proliferación de pisos turísticos fueron otro de los ejes de la charla. Clavijo apostó por una nueva normativa que incentive la construcción de vivienda sostenible y permita “multiplicar por 20” la oferta actual. La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, defendió un modelo de “turismo regenerativo” que combine competitividad con sostenibilidad social.
Críticas a la política internacional de Sánchez
El coloquio también abordó la situación en Gaza. Clavijo calificó de “indecente” el exterminio de un pueblo y pidió la intervención de la comunidad internacional, mientras que Domínguez condenó “cualquier forma de violencia” y acusó al Ejecutivo de “utilizar desgracias ajenas con fines electorales”.
