El Senado vivió este martes una nueva confrontación política en torno a las políticas de igualdad y violencia de género. El Partido Popular exigió la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a raíz de la gestión del sistema de pulseras telemáticas de control para maltratadores, un dispositivo concebido para reforzar la protección de las víctimas de violencia machista.
Lee tambien: El PP traslada al Senado su reforma de la Ley de Extranjería para regular las devoluciones a nado
Los populares aprovecharon un monográfico convocado en la Cámara alta para cuestionar la eficacia de las medidas impulsadas por el Ministerio de Igualdad y, de paso, resucitar sus críticas a la conocida como “ley del solo sí es sí”. El debate reavivó el choque parlamentario que ya marcó la pasada legislatura en torno a esta norma, cuyo efecto más polémico fue la revisión de condenas a agresores sexuales debido a la rebaja de penas contemplada en su articulado.
La portavoz del PP en el Senado acusó a Redondo de “falta de responsabilidad” y reclamó su salida inmediata del Gobierno. Según los populares, la gestión de las pulseras electrónicas presenta deficiencias graves que ponen en riesgo a las mujeres que confían en esta herramienta para garantizar su seguridad.
Te interesa
Lee tambien: El PP tilda de «antidemocrático» al Gobierno tras el segundo plantón de Marlaska en el Senado
Desde el Ejecutivo, sin embargo, se transmitió un mensaje de unidad y respaldo total a la ministra. Fuentes del Gobierno defendieron tanto la utilidad de los dispositivos como el compromiso de Redondo con la lucha contra la violencia de género. “La ministra cuenta con todo nuestro apoyo y seguirá trabajando para reforzar la protección de las víctimas”, subrayaron.
El enfrentamiento en el Senado pone de manifiesto que la ley del consentimiento y las políticas de igualdad continúan siendo un terreno de alta fricción entre los partidos. Mientras el PP insiste en señalar los fallos de gestión y los efectos indeseados de la normativa aprobada en la legislatura anterior, el Gobierno se esfuerza por mantener la credibilidad de su política en esta materia y consolidar los ajustes legales ya realizados.
Con este episodio, la Cámara alta volvió a convertirse en un espacio de confrontación ideológica y política en torno a uno de los debates más sensibles y mediáticos de los últimos años: la garantía de los derechos de las mujeres y la respuesta del Estado frente a la violencia machista.
