El procedimiento judicial que involucra a Begoña Gómez ha vuelto a poner en el centro del debate el papel de los jurados populares frente a los tribunales profesionales. Desde su instauración en 1995, a raíz de una ley impulsada por la izquierda, estos órganos conformados por ciudadanos sin formación jurídica han sido objeto de críticas, especialmente en casos mediáticos o con delitos de gran complejidad.
Defensores de esta figura sostienen que los jurados populares acercan la justicia a la ciudadanía y refuerzan la confianza en el sistema democrático. Sin embargo, detractores cuestionan su capacidad para valorar pruebas técnicas o procesos judiciales complejos, donde la interpretación legal resulta determinante.
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El ‘caso Begoña Gómez’, por su alta exposición pública y repercusión política, vuelve a plantear si este modelo de participación ciudadana en la justicia resulta idóneo en situaciones tan delicadas o si, por el contrario, sería más conveniente que quedara en manos de jueces profesionales.
