El Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires ha resuelto el decomiso de 20 propiedades y una cifra récord de dinero a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados en el caso ‘Vialidad’. La medida asciende a 684.990 millones de pesos argentinos (unos 422 millones de euros) y busca recuperar el «provecho del delito» por administración fraudulenta.
La Justicia argentina golpea el patrimonio de Cristina Kirchner
La Justicia argentina ha dado un paso firme en la ejecución de la sentencia del emblemático caso «Vialidad», que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) resolvió este martes el decomiso y la confiscación de propiedades y activos financieros vinculados a los condenados, incluyendo a la líder peronista y a su familia.
La medida judicial representa una incautación récord, fijando una suma total actualizada de 684.990 millones de pesos argentinos, una cifra que se traduce en algo más de 422 millones de euros (o 480 millones de dólares). Este monto ha sido calculado por los jueces para cubrir las pérdidas y el sobreprecio obtenidos mediante la maniobra de direccionamiento de 51 licitaciones de obras viales al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Las 20 propiedades que pierde la familia Kirchner
El decomiso afecta directamente al patrimonio de la familia Kirchner-Fernández. En total, la orden judicial dispone la confiscación de 20 inmuebles de la exmandataria y sus hijos.
- Bienes de la Expresidenta: Un inmueble registrado directamente a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.
- Bienes Heredados: Las 19 propiedades restantes están registradas a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes las heredaron tras el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.
La sentencia judicial también alcanza a otros condenados en la causa, como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el principal beneficiario de la trama de corrupción, Lázaro Báez, quien deberá entregar más de 80 propiedades vinculadas a las empresas utilizadas en la defraudación (entre ellas, Austral Construcciones).
El tribunal ha ordenado la inscripción de la sentencia en los Registros de la Propiedad para inmovilizar formalmente los bienes hasta que la condena quede firme, aunque la sentencia de CFK ya fue ratificada por la Corte Suprema el pasado mes de junio.
El argumento judicial: «Recuperar el provecho del delito»
El TOF 2 justificó la drástica medida al considerar que los fondos y activos confiscados son, de manera demostrada, el «provecho del delito» y que su recuperación es fundamental para reparar el perjuicio multimillonario ocasionado al Estado argentino.
La decisión de avanzar con el decomiso se produce pese a que Cristina Fernández cuestionó previamente la medida, argumentando que la fecha de adquisición de la mayoría de los bienes por su familia era anterior a los hechos investigados en la causa «Vialidad».
Sin embargo, los jueces determinaron que esta acción penal se inscribe en la tradición jurídica argentina de impedir que el delito rinda beneficios y de neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita, asignándole una «función reparadora del daño social causado» a través de la administración fraudulenta.
Actualmente, Cristina Fernández cumple su condena de seis años de reclusión en su domicilio del barrio de Recoleta en Buenos Aires y se encuentra inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
