La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) a raíz de las graves acusaciones de corrupción formuladas por un exalto cargo de la institución. La denuncia, presentada en junio de 2025, detalla una presunta red de empresas vinculadas al exgerente del CNIO, Juan Arroyo, que habría desviado entre 20 y 25 millones de euros destinados a la lucha contra el cáncer. La investigación ha puesto al CNIO en el centro de una nueva crisis interna, después de que se conocieran las detalladas alegaciones contenidas en un informe de 120 páginas al que ha tenido acceso elDiario.es.
Detrás de la denuncia: una red de empresas y contratos inflados
El documento denuncia una presunta operación ilícita en la que participaron extrabajadores del CNIO, quienes habrían manipulado contratos administrativos, logísticos e informáticos, inflando sus precios hasta un 400%. Este informe amplía las acusaciones previas hechas por Maria Blasco, la directora científica del CNIO, y la expresidenta del comité de empresa Ana Hernández, quienes ya habían señalado irregularidades en la gestión de Arroyo. Sin embargo, la denuncia actual proviene de un excolaborador cercano a Arroyo, quien aporta nuevos detalles sobre cómo se habrían amañado los contratos, con la connivencia de empresas vinculadas entre sí.
Te interesa
La crisis interna y la destitución de Juan Arroyo
La denuncia ha tenido repercusiones inmediatas en el CNIO. Este martes, el Patronato de la institución aprobó la destitución de Juan Arroyo como vicedirector de asuntos económicos, cargo que ocupaba a pesar de haber sido cesado como gerente en enero de 2025. Junto a Arroyo, se espera la salida de dos altos cargos de su confianza: la secretaria general y el adjunto a la gerencia.
El caso ha sacudido la institución, que se encuentra ahora inmersa en una crisis de gobernanza y transparencia. La directora científica, Maria Blasco, había puesto en conocimiento de la Fiscalía una serie de contratos menores que en conjunto superaban los 1,5 millones de euros en el primer trimestre de 2024. Estos contratos estaban vinculados a un grupo de empresas que compartían administradores, lo que levantó sospechas sobre su legalidad. A pesar de los indicios de irregularidades, el Patronato del CNIO y el Ministerio de Ciencia mantuvieron una actitud pasiva, sin tomar medidas hasta que los detalles de la denuncia se hicieron públicos.
El rol del Ministerio de Ciencia en la crisis
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, liderado por la ministra Diana Morant, fue informado sobre las denuncias meses antes de que el escándalo se hiciera público, pero no tomó ninguna acción significativa hasta que el caso saltó a los medios de comunicación. La falta de respuesta del Ministerio ante las denuncias previas ha sido uno de los puntos más criticados en esta crisis, ya que se sospecha que las autoridades pudieron haber actuado con mayor celeridad para evitar el daño a la reputación del CNIO y salvaguardar los fondos públicos destinados a la investigación científica.
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción es un paso importante para esclarecer las irregularidades señaladas en la denuncia y determinar la responsabilidad de los implicados. El caso no solo pone en duda la gestión interna del CNIO, sino también la efectividad de los mecanismos de control y supervisión en la administración pública de la ciencia en España.
La investigación podría tener consecuencias políticas y administrativas de gran alcance, dado el impacto de las acusaciones en una de las principales instituciones científicas del país, conocida por su labor en la investigación oncológica y el desarrollo de tratamientos para el cáncer. La continuidad de la crisis dependerá de los resultados de la investigación y de las medidas que se tomen para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos en la investigación científica.
