La exmilitante del PSOE, Leire Díez («la fontanera»), y sus colaboradores pretendían utilizar la empresa Servinabar —propiedad en un 45% del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán— para establecer un «lobby» de influencia en la Administración pública, según un informe de la UCO. El objetivo era acercarse a empresas cotizadas y, supuestamente, competir con firmas de asuntos públicos como Acento. Esta revelación surge mientras Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el socio de Cerdán, Antxon Alonso, permanecen detenidos, a la espera de pasar a disposición judicial este sábado.
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal en la Audiencia Nacional, ha puesto el foco en la empresa Servinabar como pieza central de la nueva trama vinculada al entorno del PSOE y al «Caso Koldo».
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Servinabar como plataforma de negocios
Según la tesis de la UCO, Servinabar no solo pudo ser utilizada como vía para que Santos Cerdán cobrara presuntas mordidas de obras públicas —cobrando un 2% de los contratos finales sin realizar trabajo efectivo—, sino que la «trama de Leire» buscaba ampliar su rango de influencia.
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- Objetivo: Convertir la pequeña compañía navarra, cuyo socio es Antxon Alonso y Cerdán posee el 45% según la UCO, en un «ente» para «asesorar» a empresas interesadas en hacer negocios con la Administración durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
- Modelo de Lobby: Fuentes consultadas apuntan que la idea era crear una suerte de «Acento sanchista», en referencia a la conocida empresa de asuntos públicos fundada por el exministro socialista José Blanco y el exdiputado del PP Alfonso Alonso. El plan incluía, supuestamente, sacar del tablero a Acento, vista como parte de una rama socialista contraria a la de Ferraz.
Las conexiones clave y el centro de reuniones
La investigación de la UCO se concentra en la red de contactos de los detenidos. Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y contratado por Servinabar tras dejar el ente público (recibió más de 200.000 euros en tres años), es una figura crucial.
- El piso clave: Un piso en la calle Diego de León (Madrid), registrado por la Guardia Civil, se identificó como un «centro de negocios» donde se planeaban las estrategias. El inmueble estaba alquilado por Fernández y era utilizado para mantener reuniones discretas.
- Supervisión de Cerdán: A los encuentros asistían asiduamente Leire Díez y Vicente Fernández. Las citas eran a menudo supervisadas presencialmente por Santos Cerdán o, en su ausencia, se contactaba con él por teléfono móvil. Los asistentes accedían por el aparcamiento para ser más discretos.
Una de las líneas de trabajo del grupo era el acercamiento a importantes empresas del IBEX 35 para ofrecer sus servicios de intermediación.
Rol político: Investigar «cloacas del Estado»
Además de los negocios, el informe policial señala que Leire Díez desempeñaba otro rol encomendado: «investigar» las supuestas cloacas del Estado.
- Con el pretexto de escribir un libro de investigación periodística, Díez se reunió con empresarios, fiscales y jueces para obtener información comprometedora contra figuras clave en causas que afectan al Gobierno y al PSOE, como el teniente coronel Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.
- Díez trabajó de la mano de Javier Pérez Dolset, empresario investigado que se considera «víctima» del excomisario José Manuel Villarejo. Ambos intentaron desestabilizar procesos judiciales y Dolset, quien aglutina una suerte de asociación de «perjudicados» por Villarejo (incluyendo al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell), visitó el piso de reuniones en Madrid.
Actualmente, Díez y Dolset están investigados en un juzgado de Madrid por cohecho y tráfico de influencias por maniobrar contra la UCO y la Fiscalía. Los tres detenidos por la UCO (Díez, Fernández y Alonso) pasarán a disposición del juez Ismael Moreno en la mañana del sábado.
