El Gobierno recibió un nuevo golpe de realidad con el registro de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) por parte de la UCO. Esta acción se produjo un día después de la detención de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y «ahijado político» de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pese a que Montero se distanció públicamente de Fernández, la cercanía política y el hecho de que la SEPI dependa de su cartera generan «cierto nerviosismo» en Moncloa.
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intensificó este jueves las investigaciones en el marco de la causa contra Leire Díez, la «fontanera» del PSOE, por presunto amaño de contratos públicos. Los agentes realizaron un importante salto cualitativo al registrar las sedes de empresas dependientes de la SEPI (como Sepides, Enusa y Mercasa), que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. Este movimiento estrecha el cerco sobre la número dos del Gobierno, María Jesús Montero.
El registro se produce un día después de la detención de Vicente Fernández Guerrero, a quien Montero puso al frente de la SEPI durante 15 meses tras la llegada del PSOE al Gobierno en 2018. Fernández es considerado su «ahijado político», lo que añade presión a la vicepresidenta. Sin embargo, Montero buscó desmarcarse públicamente de Fernández en el Congreso de los Diputados, asegurando que no ha tenido «ningún contacto» con él desde que dejó la SEPI y que lleva «más de seis años» sin que forme parte de su círculo habitual de trabajo. Fuentes cercanas a la vicepresidenta insistieron en que se enteró por la prensa de que Fernández había estado trabajando para Servinabar, la empresa de Santos Cerdán investigada por comisiones, y que desconoce cómo aterrizó en esa compañía.
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En Moncloa, sin embargo, existe «cierto nerviosismo». La investigación se mantiene bajo secreto de sumario, y se desconoce si la detención de Fernández tiene relación con acciones cometidas durante su tiempo al frente de la sociedad estatal. Si ese fuera el caso, la situación sería «muy complicada» para Montero, que fue quien lo nombró. Pese a que fuentes cercanas a la vicepresidenta señalan que su corto periodo en el cargo (15 meses) minimiza las posibilidades de ilegalidades, el golpe político es innegable. Esta situación se suma a una carrera política de Montero ya debilitada, debido a las cesiones a Junts de cara a las próximas elecciones andaluzas y a las complicaciones recientes del caso Francisco Salazar. Fuentes del Gobierno, ante la acumulación de escándalos, aseguran que «es difícil creer en las casualidades». A pesar de ello, la versión oficial es que el Gobierno intentará agotar la legislatura hasta 2027, enfocándose en sacar adelante el proyecto de ley de Presupuestos a principios del próximo año.
