El Consejo de Ministros ha tomado una decisión significativa al aprobar los criterios técnicos para la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, extendiendo su vigencia hasta 2026. Esta medida representa el último esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez en medio de la falta de un nuevo proyecto de cuentas públicas que aborde las necesidades económicas del país.
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Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, esta prórroga se ajusta al artículo 134 de la Constitución Española. Este artículo establece que si no se presenta una nueva Ley de Presupuestos antes del 1 de enero, las cuentas públicas del período anterior se prorrogarán automáticamente. Además, subraya la obligación del Gobierno de presentar anualmente los PGE ante el Congreso de los Diputados.
La aprobación actual marca la undécima prórroga presupuestaria en la historia democrática de España. Anteriormente, se han llevado a cabo prórrogas similares en años como 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017, así como dos veces en 2018. La actual prórroga es la tercera referente a los presupuestos de 2023, y se da en un contexto de fragmentación parlamentaria y dificultades para el Ejecutivo en búsqueda de apoyo político.
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En cuanto al límite de gasto, el Gobierno ha preparado un techo de gasto no financiero para 2026 que alcanza los 216.177 millones de euros, cifra récord. Este techo también establece una senda de déficit y deuda para las administraciones públicas, en medio de la resistencia del Congreso a apoyarlo. A pesar de esto, el plan fiscal estructural a medio plazo, que fue enviado a Bruselas el año pasado debido a la negativa del Congreso, entrará en vigor, limitando el margen de gasto de las comunidades autónomas mientras facilita la acción de la Administración Central.
Las proyecciones de déficit público son optimistas, con una reducción esperada desde el 2,1% en 2026, bajando al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por otro lado, se espera que la deuda pública se sitúe en el 100,9% del PIB en 2026, alcanzando el 100% en 2027 y el 99,1% en 2028. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enfatizado que los próximos Presupuestos de 2026 serán «expansivos y responsables», y que su objetivo es ser percibidos como una necesidad para los ciudadanos.
Un aspecto importante de la situación fiscal es el déficit público, que ha logrado reducirse a un 0,61% del PIB en octubre, mientras que la deuda del Estado se ha establecido en un 1,86% durante los primeros diez meses del año. Esta reducción muestra un avance en la gestión financiera del país y puede influir positivamente en la percepción de los ciudadanos sobre la gestión gubernamental.
Adicionalmente, el Gobierno está poniendo un énfasis particular en la absorción de fondos provenientes de la iniciativa Next Generation. El 16 de septiembre se aprobó un nuevo componente orientado a implementar proyectos que fortalezcan la capacidad del país para responder a fenómenos meteorológicos que puedan impactar la economía. Esta estrategia busca no solo invertir en infraestructura, sino también en resiliencia económica.
Además, el Consejo de Ministros aprobó, el 9 de diciembre, modificaciones destinados a agilizar los procesos de verificación y ejecución relacionados con la utilización de estos fondos europeos. Estos cambios buscan reducir la burocracia y optimizar el uso de los recursos disponibles, preparándose para el cierre del mecanismo de recuperación europeo en agosto de 2026. De manera transitoria, hasta que se aprueben nuevos PGE, los créditos prorrogados se adaptarán para cumplir con el plan de recuperación durante 2026.
