La Fiscalía Anticorrupción y el empresario Víctor de Aldama han negado este jueves haber alcanzado un acuerdo de conformidad de cara al juicio por la presunta corrupción en contratos de mascarillas y han defendido que su colaboración se limita a lo previsto en la ley, que contempla atenuantes en una eventual condena.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la defensa de Aldama han respondido así al abogado del exministro José Luis Ábalos durante la audiencia preliminar celebrada en el Tribunal Supremo, en la que se abordaban las cuestiones previas del primer juicio del llamado caso Koldo. El letrado del exministro había cuestionado que la imputación de su cliente se base «únicamente» en la declaración del comisionista y pidió aclaraciones sobre un supuesto acuerdo con la Fiscalía.
«No hay ningún tipo de acuerdo con el acusado Víctor de Aldama», ha afirmado Luzón, que ha recalcado que la declaración del empresario, que en 2024 contribuyó a su salida de prisión preventiva en otra investigación sobre un presunto fraude en hidrocarburos, no fue «inducida» por el Ministerio Público, sino solicitada por su propia defensa.
El fiscal ha insistido en que no se trató de una «declaración premiada» y ha explicado que la petición de siete años de cárcel para Aldama responde a la aplicación de atenuantes contempladas en el Código Penal por su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, así como a que se le atribuyen menos delitos que a Ábalos y a su exasesor Koldo García. Para estos últimos, la Fiscalía solicita 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente.
Por su parte, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, también ha rechazado que exista un pacto de conformidad con el Ministerio Público. Según ha señalado, su cliente reconoce los hechos que le atribuye la Fiscalía, pero discrepa de la calificación jurídica que se hace de ellos.
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Choclán ha defendido que Aldama se ha limitado a acogerse a una previsión legal que permite aplicar atenuantes a los investigados por pertenecer a una organización criminal que colaboren con las autoridades para desmantelarla, identificar a sus integrantes y esclarecer los hechos.
«Esto es lo que ha hecho el señor Aldama, no firmar un acuerdo opaco con la Fiscalía», ha subrayado el letrado, que ha insistido en que la colaboración de su cliente responde a mecanismos previstos en la ley y no a una negociación encubierta con el Ministerio Público.
