Los 250.000 empleados públicos del Estado reducen desde este jueves su tiempo de trabajo, una medida que supone trabajar 15 días menos al año y que ensancha la diferencia con el sector privado.
Tras años de reivindicaciones sindicales y meses de complejas negociaciones con el Ministerio de Función Pública, los empleados de la Administración General del Estado (AGE) comienzan a disfrutar desde este jueves, 16 de abril, de la jornada laboral de 35 horas semanales. La medida, que pone fin a la etapa de las 37,5 horas vigente hasta la fecha, iguala a los funcionarios de la administración central con la mayoría de sus homólogos autonómicos y locales, quienes ya disfrutaban de este horario reducido.
El impacto real: 109 horas menos de trabajo al año
La implementación de este nuevo sistema horario se traduce, en la práctica cotidiana, en media hora menos de trabajo al día. Esta reducción acumulada supone dos horas y medio a la semana, lo que arroja un balance anual de 109 horas menos de servicio.
En términos comparativos, este recorte equivale a disfrutar de tres semanas laborales menos cada ejercicio o, lo que es lo mismo, un total de 15 días anuales de jornada que los funcionarios dejan de realizar. Aunque la norma entra en vigor hoy mismo, la Administración dispone de un plazo de un mes para terminar de ajustar los calendarios laborales y los sistemas de control de presencia en los distintos centros de trabajo.
Lee tambien: El Consejo de Seguridad Nacional: qué es, quién lo integra y cómo funciona el pilar estratégico del Estado
¿Quiénes se benefician y quiénes quedan fuera?
La rebaja horaria afecta aproximadamente a la mitad de los efectivos de la administración central. La instrucción incluye de forma directa al personal de los ministerios, entidades gestoras de la Seguridad Social, organismos autónomos y agencias estatales.
Sin embargo, la «letra pequeña» de la norma establece distinciones importantes:
- Incluidos con matices: Se abre la puerta a sanitarios, docentes de la administración central e instituciones penitenciarias, aunque será necesaria una adaptación previa de sus regulaciones específicas.
- Fuerzas Armadas: Pese a que inicialmente no iban a ser beneficiarios, el Ministerio de Defensa ha confirmado que procederá de forma inmediata a adaptar la reducción para los militares.
- Excluidos: Quedan expresamente fuera de esta medida las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil).
- Entidades Locales: Los trabajadores de ayuntamientos y diputaciones mantienen, con carácter general, las 37,5 horas fijadas en 2018, salvo que su propia administración haya pactado lo contrario.
Por su parte, los puestos de responsabilidad y asesores con dedicación especial también verán recortado su tiempo de trabajo, pasando de las 40 horas actuales a las 37,5 horas.
Los nuevos horarios de presencia obligatoria
La nueva jornada redefine las franjas de obligada permanencia en el puesto de trabajo. Para el turno de mañana, el horario de presencia fija se reduce media hora, situándose entre las 9:00 y las 14:00 horas. En el turno de tarde, esta franja queda establecida de 15:00 a 20:00 horas.
Asimismo, se mantiene el derecho a la flexibilidad horaria de una hora sobre el tiempo de presencialidad para aquellos empleados con hijos menores de 12 años, personas a cargo con discapacidad o familiares con enfermedad grave. Esta prerrogativa se extiende también a la figura de la «persona cuidadora», destinada a quienes asisten a convivientes que no pueden valerse por sí mismos.
Desde el sindicato CSIF, mayoritario en la AGE, han advertido que se mantendrán vigilantes para que la reducción de jornada se aplique de forma efectiva en todos los estamentos con derecho a ella, sin descartar medidas legales contra las administraciones que demoren su implantación.
