La Comisión de Asuntos Jurídicos avala el suplicatorio del Tribunal Supremo para investigar al líder de SALF. El eurodiputado no compareció a su audiencia alegando compromisos de campaña en Andalucía.
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de retirar la inmunidad parlamentaria a Luis «Alvise» Pérez. Esta decisión busca despejar el camino para que el Tribunal Supremo de España pueda investigarle por un presunto delito electoral y financiación irregular de su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF).
El informe, elaborado por la eurodiputada francesa Pascale Piera (Agrupación Nacional), concluye que los hechos denunciados ocurrieron antes de que Pérez obtuviera su escaño y que la acusación no tiene como objetivo perjudicar su actividad política actual. El proceso ha avanzado con una rapidez inusual debido a que el eurodiputado declinó asistir a la audiencia prevista para ejercer su derecho a la defensa.
El origen del caso: 100.000 euros en metálico
La investigación se centra en la denuncia presentada por el empresario Álvaro Romillo, conocido como «CriptoSpain». Según la instrucción:
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- Pérez habría solicitado 100.000 euros para financiar su campaña europea de forma opaca, sin declararlos en la contabilidad oficial del partido.
- A cambio, Romillo esperaba obtener influencias y contactos derivados del cargo de parlamentario.
- Las pruebas incluyen mensajes de texto extraídos del teléfono de Romillo, quien actualmente es investigado por la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal.
Por su parte, Alvise Pérez ha negado las acusaciones, afirmando que dicho pago correspondió a una conferencia privada y que el coste de su campaña fue significativamente menor a la cifra señalada. Respecto a su ausencia en la comisión, el líder de SALF argumentó que se encuentra en plena campaña para las elecciones andaluzas y que la Eurocámara se negó a posponer la cita.
Segundo suplicatorio en menos de un mes
Este es el segundo revés judicial para Pérez en Bruselas. A finales de abril, la institución ya avaló el levantamiento de su inmunidad por un presunto delito de acoso contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
Nota clave: El levantamiento de la inmunidad no supone una condena ni la pérdida del escaño. Se trata únicamente de un permiso legal para que la justicia española pueda proceder con el proceso judicial.
Próximos pasos
La decisión final queda ahora en manos del pleno del Parlamento Europeo, que votará la ratificación de esta medida en la sesión prevista del 18 al 21 de mayo en Estrasburgo. De confirmarse, el eurodiputado todavía dispondría de la opción de recurrir ante la justicia europea.
