Los padres de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó el pasado mes de octubre en Sevilla tras sufrir un presunto caso de acoso escolar, han anunciado públicamente que recurrirán el archivo provisional de la querella que presentaron contra los responsables de su centro educativo. La decisión del magistrado de cerrar la causa penal contra el colegio privado concertado Irlandesas Loreto ha dejado a la familia completamente devastada.
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Críticas a la decisión judicial y revelaciones de la autopsia
En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, José Manuel Peña y Zara Villar, padres de la menor, expresaron su profunda incomprensión ante la resolución judicial. «No entendemos nada. Nos hunde más, nos destroza más que después de 130 días esperando una respuesta se resuelva en media carilla», manifestó la madre, quien lamentó que el auto del juez instructor ignore elementos clave del caso.
Entre los datos omitidos, la familia ha revelado parte del informe de la autopsia de su hija, el cual detalla que la menor presentaba cortes y una tasa de alcohol en sangre de 0,59 miligramos. Dado que el trágico suceso ocurrió muy poco después de la salida de las clases, los progenitores se preguntan si la adolescente pudo haber ingerido el alcohol y haberse autolesionado dentro de las propias instalaciones del centro escolar. Asimismo, critican que el juez obvie que el colegio no activó ningún protocolo de prevención del suicidio.
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El conocimiento del acoso por parte del profesorado
La defensa de los padres se apoya en los avances de la investigación paralela que mantiene abierta la Fiscalía de Menores contra tres alumnas del centro, señaladas como las presuntas acosadoras de Sandra. Según relató Villar, en dicho expediente de reforma ha quedado plenamente constatado, a través de las declaraciones de diversos testigos, que la menor sufría un acoso constante y que el profesorado estaba al tanto de la situación.
La madre también desveló que su hija llegó a escribir una extensa carta de despedida de tres folios durante el transcurso de una clase de Matemáticas. Reprochó, además, que la dirección del colegio intentara rebajar la gravedad del asunto catalogándolo como «cosas de niños y peleas entre iguales», cuando en realidad Sandra sufría «una depresión profunda causada exclusivamente por el acoso escolar».
Los argumentos del juez para el archivo
Por su parte, el magistrado instructor, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, decretó el archivo de la causa al considerar que no ha quedado acreditada la comisión de delitos de homicidio por imprudencia o trato degradante por parte de los docentes.
Aunque el auto judicial reconoce la existencia de un ambiente de acoso provocado presuntamente por las tres compañeras investigadas, rechaza la existencia de un «comportamiento omisivo» por parte del centro. El juez argumenta que el colegio adoptó medidas de protección tras reunirse con la familia en septiembre de 2025 —como la separación de las alumnas implicadas y un seguimiento psicopedagógico— y concluye que, si bien no se activó el protocolo oficial de acoso, el deber de vigilancia de los profesores no es exigible en todo momento ni se extiende fuera del horario y del recinto escolar.
