Madrid — Las acusaciones populares coordinadas por el Partido Popular han dado un paso clave en el denominado caso Plus Ultra. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se ha solicitado formalmente la imputación de Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta implicación en una red de influencias vinculada a la aerolínea.
Las acusaciones aprecian indicios de tres delitos graves: blanqueo de capitales, falsedad y participación en organización criminal. Según el documento, las hermanas habrían percibido un total de 447.095 euros (247.191 y 199.904 euros, respectivamente) en calidad de administradoras de Whathefav, una empresa que el magistrado de la causa define como el «centro de redistribución de flujos económicos» de la trama.
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Ampliación de la lista de investigados
La petición del bloque de la acusación no se limita a la familia del expresidente. Bajo la batuta del PP, las ocho acusaciones personadas solicitan que se investigue a más de una decena de personas, entre las que destacan de forma prioritaria:
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- José Luis Ábalos y Koldo García: El exministro de Transportes y su exasesor (actualmente en prisión preventiva por el ‘caso mascarillas’) habrían actuado como interlocutores de la cúpula de la aerolínea para asegurar el préstamo público de 53 millones de euros concedido en 2021. Se les atribuyen presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.
- Altos cargos y mediadores: Se solicita la imputación de José Ángel Partearroyo (exdirector de Participadas de la SEPI) y de Ramón Gordils, ex alto cargo de la diplomacia venezolana señalado como el «mediador» que propició el acercamiento de Plus Ultra al entorno de Zapatero.
- Testificales clave: Se ha pedido citar como testigo al ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Cabe recordar que el propio José Luis Rodríguez Zapatero ya está citado a declarar como investigado los próximos días 17 y 18 de junio.
El dato: Las acusaciones sospechan que la red utilizó empresas pantalla como Inteligencia Prospectiva —vinculada a operaciones internacionales de petcoke y oro— y Softgestor, además de asesorías en Dubái para la creación de sociedades offshore presuntamente bajo las instrucciones de Zapatero.
Rastreo de viajes y control a la SEPI
En el marco de las diligencias solicitadas, el escrito reclama un control exhaustivo sobre los movimientos del expresidente y su entorno:
- Historial de viajes: Se pide recabar todos los viajes internacionales de Zapatero y sus hijas desde 2017 hasta la actualidad, detallando con especial precisión los desplazamientos realizados a Venezuela.
- Registro de visitas oficiales: Solicitan a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes el libro de visitas entre octubre de 2020 y mayo de 2026 para comprobar los accesos de Zapatero, accionistas de Plus Ultra y representantes del Gobierno venezolano.
- Lupa sobre la ayuda pública: Las acusaciones exigen a la SEPI que subsane las «deficiencias» detectadas por la UDEF, justificando la presencia de «carpetas vacías» y archivos inaccesibles en los expedientes entregados previamente.
Ante el evidente riesgo de perjuicio patrimonial para las arcas del Estado, las acusaciones populares han avanzado que requerirán medidas cautelares, entre ellas, la imposición de una fianza solidaria a los investigados por el importe total de la deuda que Plus Ultra mantiene impagada con el Estado.
