El Gobierno francés reconoce «graves fallos» institucionales tras el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años, a manos de un agresor reincidente que acumulaba múltiples denuncias sin archivar ni procesar.
PARÍS. — En lo que supone una admisión sin precedentes de las disfunciones del sistema judicial galo, el Gobierno de Francia ha ordenado la auditoría y revisión urgente de aproximadamente 70.000 expedientes y denuncias por violencia y abusos contra menores. La drástica medida se toma bajo una inmensa presión social tras el brutal asesinato de Lyhanna, una menor de 11 años, un crimen que ha dejado al descubierto negligencias sistemáticas en la gestión de delincuentes sexuales y en la protección de la infancia.
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El detonante: El «caso Lyhanna»
La conmoción social estalló tras conocerse la desaparición y posterior asesinato de la pequeña Lyhanna Rameau en la localidad de Fleurance (Gers, al suroeste del país). El principal sospechoso de su muerte, identificado como Jérôme Barella, resultó ser un agresor que acumulaba de forma sucesiva varias denuncias previas por violación y abusos a menores que el aparato judicial nunca llegó a tramitar o resolver con eficacia, permitiendo que permaneciera libre y sin vigilancia.
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El drama provocó una multitudinaria «marcha blanca» en Fleurance, donde más de 6.000 personas se concentraron para honrar a la niña y exigir responsabilidades. Durante el acto, el alcalde de la localidad, Grégory Bobbato, denunció abiertamente la impunidad de los agresores y la desatención histórica a los testimonios infantiles: «Lyhanna es el último acto de una tragedia que se desarrolla desde hace demasiado tiempo: la de negar la palabra de los niños».
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Una auditoría de emergencia contra reloj
El ministro de Justicia francés compareció públicamente para reconocer la existencia de «graves fallos» institucionales en este caso. Con el objetivo de depurar responsabilidades y evitar que se repitan escenarios similares, el Ministerio ha fijado un plan de contingencia drástico:
- Plazo estricto: Los 70.000 casos pendientes de violencia contra niños deberán ser evaluados minuciosamente antes del 14 de julio.
- Cancelación de vacaciones ministeriales: El titular de Justicia aseguró que ni él ni los altos magistrados del país suspenderán su actividad estival hasta haberse reunido, uno por uno, con los fiscales generales para auditar la situación en cada demarcación.
- Sanciones y ceses: El informe de inspección del caso específico de Lyhanna se publicará en un plazo de quince días. El Ejecutivo ha adelantado que se aplicarán sanciones severas e incluso la revocación de magistrados si se demuestran negligencias directas.
La punta del iceberg de una crisis sistémica
Este masivo proceso de revisión judicial llega en un momento donde las organizaciones civiles e internacionales alertan de un empeoramiento global de la situación. Según datos de la asociación francesa contra el incesto y la violencia sexual infantil (Ciivise), las cifras oficiales estiman que un menor sufre una agresión sexual o violación cada tres minutos en Francia (el equivalente estadístico a tres niños por aula escolar), y lamentablemente solo uno de cada tres llega a recibir medidas efectivas de protección.
Con esta intervención a gran escala, el Ejecutivo francés busca limpiar los retrasos acumulados en los juzgados, activar de inmediato los protocolos de protección de menores en riesgo latente y responder a un clamor ciudadano que exige reformas estructurales urgentes para que la justicia deje de llegar tarde.
