Comisiones Obreras y UGT han pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que acelere la incorporación a la legislación española del convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo para proteger a quienes trabajan mediante plataformas digitales. Los sindicatos respaldan su candidatura para dirigir la OIT, pero reclaman un último impulso regulatorio antes de que dé el salto internacional.
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Las principales centrales sindicales españolas quieren que España se convierta en el primer país en incorporar a su legislación el Convenio 193 de la OIT, aprobado en junio para establecer garantías laborales en las plataformas digitales y limitar los riesgos asociados al uso de algoritmos en la organización del trabajo.
CCOO y UGT han trasladado esta petición directamente a Yolanda Díaz mediante una carta en la que reclaman que el Gobierno inicie cuanto antes el proceso de ratificación. Ambas organizaciones consideran que la aprobación del convenio representa una oportunidad para que España vuelva a situarse a la cabeza de la regulación del empleo digital.
Los sindicatos apoyan la candidatura de Díaz para convertirse en la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, quieren que la ministra complete antes una de las principales reformas vinculadas a su agenda laboral y deje encaminada la regulación de las plataformas antes de que termine la legislatura.
La propia Díaz celebró el acuerdo alcanzado en Ginebra y lo calificó como un “día histórico”. La ministra defendió entonces que la tecnología debe avanzar junto al trabajo decente y destacó el papel desempeñado por la delegación española para superar las reticencias planteadas por representantes empresariales.
El convenio establece garantías relacionadas con la seguridad y la salud laboral, el acceso de los trabajadores a información sobre los sistemas digitales y la protección frente a decisiones automatizadas que puedan afectar a sus condiciones de empleo.
Uno de sus puntos más relevantes es el control de los algoritmos utilizados por las grandes plataformas para asignar tareas, fijar horarios, evaluar el rendimiento o adoptar decisiones que pueden terminar afectando a la continuidad laboral de una persona.
CCOO considera que se trata de la primera norma internacional vinculante que aborda directamente los derechos individuales y colectivos de los trabajadores frente al uso de sistemas automatizados de toma de decisiones.
Para el sindicato, este aspecto resulta especialmente importante porque los algoritmos constituyen el núcleo del modelo empresarial de muchas plataformas. Estas herramientas pueden decidir quién recibe un pedido, cuánto cobra, qué ruta debe seguir o si su cuenta permanece activa, con frecuencia sin ofrecer explicaciones suficientes.
El objetivo del convenio es extender los derechos laborales fundamentales a todas las personas que prestan servicios mediante aplicaciones o plataformas, independientemente de la denominación contractual o de la clasificación que la empresa otorgue a su relación laboral.
CCOO y UGT recuerdan que la aprobación internacional del texto no implica su aplicación automática. Cada país debe incorporarlo a su ordenamiento jurídico para que sus disposiciones tengan efectos dentro del territorio nacional.
Por esta razón, las centrales quieren que Díaz impulse la ratificación antes de abandonar el Ministerio de Trabajo. Consideran que España puede liderar nuevamente la regulación del empleo en plataformas, como ya ocurrió con la aprobación de la Ley Rider.
El entorno de la ministra presenta esa ley como una prueba de su compromiso con los derechos laborales en la economía digital. La norma reconoció la presunción de laboralidad de los repartidores y obligó a las empresas a ofrecer información sobre los algoritmos que influyen en sus condiciones de trabajo.
La ratificación del Convenio 193 formaría parte además de los principales compromisos de Díaz en su candidatura internacional. Su respaldo sindical resulta especialmente relevante, ya que la elección de la dirección general de la OIT incluye la participación de representantes de los gobiernos, las organizaciones empresariales y los trabajadores.
El apoyo de CCOO y UGT podría facilitar también el respaldo de otros delegados sindicales europeos. No obstante, las organizaciones insisten en que la ministra debe mover ficha antes de dejar el cargo y convertir sus declaraciones favorables al convenio en una reforma concreta.
“Tal vez España pueda convertirse así en el primer país del mundo en hacerlo”, plantea CCOO, que considera que la ratificación permitiría al país mantener el liderazgo en la regulación legal de las plataformas digitales de trabajo.
La petición sindical coloca ahora a Yolanda Díaz ante una decisión con dimensión nacional e internacional: impulsar la nueva regulación antes del final de la legislatura o dejar pendiente una medida que previsiblemente será uno de los ejes centrales de su candidatura para dirigir la OIT.
