El Gobierno ha elevado el tono de su discurso sobre la inmigración irregular después de la crisis registrada en Ceuta a finales de julio y ante la posibilidad de nuevas convocatorias para intentar acceder a la ciudad el próximo 15 de agosto.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lanzado un mensaje directamente dirigido a quienes estén pensando en intentar alcanzar territorio español de manera irregular: “Quienes entren irregularmente en Ceuta y Melilla, que sepan que van a ser devueltos”.
Albares también pidió no confiar en mensajes difundidos en redes sociales o por organizaciones dedicadas al tráfico de personas que prometan ventajas tras conseguir cruzar la frontera.
“No arriesguen sus vidas, su dinero y su futuro en una aventura abocada al fracaso”, señaló el ministro.
El Gobierno pone el foco en las devoluciones
Las declaraciones suponen un endurecimiento del mensaje público del Ejecutivo en plena gestión de las consecuencias de la entrada masiva registrada el 30 de julio.
Las cifras manejadas por el Gobierno han llegado a situar en alrededor de 80.000 las personas que cruzaron irregularmente hacia Ceuta, aunque la mayoría habría regresado posteriormente a Marruecos.
Las autoridades ceutíes sostienen que todavía permanecen miles de personas en la ciudad.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estimado que podrían quedar aproximadamente 10.000 y considera imprescindible reducir esa presencia para evitar que vuelva a generarse la expectativa de que entrar irregularmente en la ciudad permite permanecer posteriormente en España.
Los menores, otra prioridad para el Ejecutivo
El mensaje del Gobierno alcanza también a los menores extranjeros no acompañados que llegaron durante la crisis.
Según Albares, una de las líneas prioritarias de trabajo pasa por lograr que aquellos menores para los que legalmente sea posible puedan regresar con sus familias en Marruecos.
El ministro llegó a señalar como objetivo actuar sobre “hasta la última persona que haya entrado ilegalmente en Ceuta”.
En el caso de los menores, sin embargo, cualquier retorno debe realizarse de manera individualizada y respetando las garantías de protección de la infancia, incluyendo la comprobación de que la reunificación familiar responde al interés superior del menor.
No se trata, por tanto, de una devolución automática o colectiva.
Vivas celebra el cambio de tono
El presidente ceutí ha valorado positivamente la posición expresada por el Gobierno.
Vivas considera que permitir que quienes accedieron irregularmente permanezcan en la ciudad puede aumentar el riesgo de que situaciones similares vuelvan a repetirse.
“La mejor manera de cortar es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se consigue lo que se pretende”, afirmó.
El dirigente ceutí lleva días reclamando al Estado más efectivos policiales, refuerzos para Extranjería y medidas adicionales para recuperar la normalidad en las calles.
Europa se implicará en el refuerzo de la frontera
Albares ha asegurado también que la Unión Europea se está implicando en la respuesta ante la situación de Ceuta y Melilla.
Por ahora no se han concretado públicamente todas las medidas que podrían adoptarse.
Vivas considera que los nuevos apoyos deberían centrarse tanto en recursos humanos como en infraestructuras fronterizas.
Además del despliegue extraordinario de policías, guardias civiles y miembros de las Fuerzas Armadas, se ha trabajado en una barrera marítima de aproximadamente 500 metros en el entorno del Tarajal.
La atención se encuentra ahora en el 15 de agosto, fecha para la que se han difundido en redes sociales mensajes llamando a realizar un nuevo intento de entrada.
La existencia de esas convocatorias no significa que vaya a producirse necesariamente otro episodio masivo, aunque las autoridades han reforzado el dispositivo como medida preventiva.
Italia y Dinamarca piden más dureza a Europa
La crisis ceutí también ha reabierto las diferencias dentro de la Unión Europea sobre cómo gestionar la inmigración irregular.
Las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, defendieron esta semana una política más restrictiva y reclamaron la creación de centros de retorno en terceros países.
Ambas dirigentes relacionaron la inmigración irregular descontrolada con problemas de presión sobre los servicios públicos, seguridad y confianza ciudadana.
Estas afirmaciones corresponden a la posición política defendida por los dos gobiernos y no implican que exista una relación automática entre inmigración y delincuencia.
Los centros de retorno enfrentan a España con otros socios europeos
Italia y Dinamarca defienden que los migrantes que tengan una orden de expulsión puedan ser enviados a instalaciones situadas fuera de territorio comunitario.
Italia ya ha impulsado un sistema de este tipo en Albania, aunque su funcionamiento se ha encontrado con importantes obstáculos judiciales y continúa pendiente de decisiones europeas.
El debate ha ganado fuerza después de que el Parlamento Europeo aprobara el Reglamento de Retornos, que contempla nuevas herramientas para facilitar las devoluciones y abre la puerta a acuerdos con terceros países bajo determinadas garantías.
España, sin embargo, ha mostrado sus reservas frente a estos centros y ha cuestionado que algunos modelos puedan cumplir plenamente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Albares carga contra la “desinformación”
Pese al endurecimiento del mensaje migratorio, Albares también ha arremetido contra quienes, según el Gobierno, están utilizando políticamente la crisis.
El ministro denunció la existencia de “confrontación y desinformación” y acusó a sectores de lo que denominó “internacional reaccionaria” de intentar explotar los acontecimientos de Ceuta con fines políticos e ideológicos.
El mensaje se produce en un momento de especial tensión con Italia.
Roma mantiene controles sobre viajeros procedentes de España adoptados después de la crisis ceutí, mientras que España ha respondido aplicando medidas equivalentes.
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La dimensión de la crisis llevó también a celebrar una reunión extraordinaria de los ministros de Interior de la UE.
España ha defendido ante sus socios que trabaja para controlar las entradas irregulares, mientras otros Estados miembros reclaman mayores garantías de que los movimientos secundarios hacia el resto del espacio europeo puedan evitarse.
El Gobierno asegura haber conseguido un compromiso europeo para aumentar el apoyo destinado a la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla.
En este escenario, el Ejecutivo español combina ahora dos mensajes: reclama cooperación europea y mantiene su rechazo a determinados modelos de externalización migratoria, pero al mismo tiempo endurece públicamente su posición sobre las entradas irregulares y promete intensificar los retornos cuando legalmente correspondan.
La evolución de la situación en Ceuta y la convocatoria difundida para el 15 de agosto determinarán si este cambio de discurso se traduce también en nuevas medidas operativas en la frontera.
