Recibir una indemnización por despido superior a la cantidad mínima establecida por ley puede convertirse en un problema cuando un trabajador solicita determinadas ayudas después de agotar la prestación contributiva por desempleo. El SEPE advierte de que ese dinero adicional puede influir en el cálculo de rentas y provocar la denegación de algunos subsidios.
Cuando una persona pierde su empleo y recibe una compensación económica por despido, lo habitual es considerar esa cantidad como una protección frente al impacto de quedarse sin trabajo. Sin embargo, si la indemnización supera los límites legales mínimos, el importe adicional puede tener consecuencias a la hora de acceder a determinadas ayudas asistenciales.
El Estatuto de los Trabajadores establece que, en los despidos objetivos, la empresa debe abonar una indemnización mínima equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
Por ejemplo, si un trabajador tiene derecho a recibir 10.000 euros de indemnización y la empresa finalmente le abona 15.000 euros, los 5.000 euros adicionales podrían ser tenidos en cuenta posteriormente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al valorar el acceso a un subsidio.
El problema aparece tras agotar el paro
La diferencia fundamental está en el tipo de ayuda que se solicita. La prestación contributiva por desempleo, conocida como paro, depende principalmente de las cotizaciones acumuladas por el trabajador durante su vida laboral.
Sin embargo, los subsidios asistenciales cuentan con requisitos económicos adicionales, entre ellos un límite de rentas que el solicitante no puede superar.
Es en ese momento cuando una indemnización superior a la mínima puede generar dificultades. Según la interpretación de la normativa de la Seguridad Social, el SEPE puede considerar ese dinero como un ingreso a efectos del cálculo de rentas y utilizarlo para determinar si la persona cumple los requisitos para recibir el subsidio.
La indemnización no tiene el mismo tratamiento fiscal y laboral
Una sentencia reciente del Tribunal Supremo ha aclarado que el tratamiento de las indemnizaciones puede variar según el ámbito en el que se analicen.
En materia fiscal, determinadas indemnizaciones por despido pueden quedar exentas de tributación en el IRPF siempre que respeten los límites establecidos por la normativa tributaria.
Sin embargo, esa exención no significa automáticamente que el dinero quede excluido del cálculo de rentas para acceder a ayudas gestionadas por el SEPE.
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La normativa de subsidios por desempleo no obliga a aplicar exactamente los mismos criterios que Hacienda utiliza para determinar si una cantidad debe tributar o no. Por ello, una indemnización puede estar libre de impuestos y, al mismo tiempo, ser considerada como ingreso para valorar el derecho a una ayuda asistencial.
Los casos de ERE tienen un tratamiento diferente
En situaciones como los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), la valoración puede ser distinta. En estos casos, el SEPE puede considerar como renta únicamente la cantidad que exceda de la indemnización mínima legal.
Si ese importe adicional provoca que el trabajador supere el límite de ingresos permitido, podría perder temporalmente el derecho al subsidio hasta que sus rentas vuelvan a situarse dentro del umbral establecido.
La prestación contributiva no se ve afectada
Los trabajadores que estén cobrando la prestación contributiva por desempleo no tendrán problemas por haber recibido una indemnización superior a la mínima.
La razón es que la duración y la cuantía del paro dependen de las cotizaciones realizadas previamente y no del nivel de ingresos que tenga la persona tras el despido.
La posible afectación aparece principalmente cuando, una vez agotada la prestación contributiva, el desempleado solicita un subsidio asistencial sujeto a límites económicos.
Por ello, el SEPE recuerda la importancia de conocer cómo se computan estos ingresos antes de solicitar una ayuda, ya que una indemnización elevada puede modificar el derecho a recibir determinadas prestaciones.
